El viejo drama del transporte público de pasajeros en la Gran Asunción persiste, sin que su conclusión esté a la vista. Por tanto, los castigados usuarios buscan alternativas, mientras algunas plataformas que brindan servicios privados de movilidad, aprovechando la circunstancia, aumentan sus tarifas, según se quejaron algunos de ellos. El último capítulo de esta penosa historia se inició el 24 de julio de este año, cuando el Poder Ejecutivo presentó al Senado el proyecto de ley que fija “la rectoría sobre el transporte terrestre” y modifica y amplía la ley “que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT), relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”.
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, ya había anunciado el 15 de octubre de 2024 cuanto sigue: “La ley misma queremos presentar esta semana con la ministra de Obras Públicas. Queremos presentarla oficialmente y darle entrada al Congreso esta semana. Este mes fue el proceso de socialización”. Es decir, la semana de octubre del año pasado se prolongó hasta la última de julio del actual, lo que demostraría que el viceministro es un mentiroso o que se creyó necesario alterar a fondo el anteproyecto de ley, tras pensarlo mejor o recibir presiones irresistibles de última hora.
El último 9 de septiembre, previa audiencia pública, el Senado aprobó la iniciativa con modificaciones; ella ingresó dos días más tarde en la Cámara de Diputados, donde el 2 de octubre se realizó otro diálogo con la ciudadanía, en el que arreciaron las críticas de usuarios, sindicalistas, empresarios, estudiantes e incluso voceros de gobiernos departamentales y municipales, porque estos fueron excluidos del sistema. Una vez concluido tal diálogo, su presidente, Raúl Latorre (ANR, cartista), dijo lo siguiente: “Nosotros asumimos una posición con respecto a la reforma, es una urgencia; el transporte público en el Paraguay tiene que cambiar”.
Pese a la supuesta urgencia, este es el día en que aún no se ha fijado una fecha para que el proyecto de ley sea tratado por el pleno. Entretanto, está siendo estudiado por diez comisiones de la Cámara, “donde se incorporarán las diferentes visiones expresadas en las audiencias públicas”, según su presidente. El 2 de octubre dijo que la iniciativa sería analizada “durante los próximos quince días”, pero hasta hoy no se cuenta con tan siquiera un dictamen. Por de pronto, la “visión” del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) es fulminante. En palabras de César Ruiz Díaz, titular de dicha entidad, la iniciativa es simplemente “inaplicable”, porque resulta que la reforma del transporte público de pasajeros no puede emprenderse mediante una ley que solo generaría “un cúmulo de papeles fríos que no tienen sentimiento” (!). En buena medida, puede tener razón porque en este país no suelen aplicarse las leyes contra los que mandan de hecho o de derecho, como la que –parafraseando al dirigente transportista– penaliza las “reguladas” carentes de “sentimiento” hacia los usuarios.
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En coincidencia, Fernando Maidana, portavoz de la Gobernación del Departamento Central, afirmó en la última audiencia pública que “el problema del transporte es 80% gestión y 20% legislativo”, pues la ley vigente permitiría realizar reformas, como la que se habría hecho con el servicio nocturno. En efecto, más allá de lo que vaya a disponer la ley, la ineptitud, la negligencia y la corrupción del funcionariado no se borrarán de un plumazo, incluso en el improbable caso de que se busque eliminarlas. En igual ocasión, aunque parezca increíble, el jefe del Cetrapam defendió a los usuarios al señalar que el proyecto prioriza garantizar el pago de subsidios a sus colegas, en vez del mejoramiento del servicio, en tanto que el presidente de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), Mauricio Maluff, sostuvo que “con las mismas empresas, las mismas rutas y mil buses nuevos, no se va a resolver nada”, lo que también apuntaría a la gestión antes que a la ley vigente.
El estudiante Carlos Paredes criticó la omisión de normas especiales para los de su gremio, así como para los ancianos y los discapacitados, mientras que el sindicalista Gerardo Giménez objetó que el transporte público de pasajeros vaya a ser considerado un servicio “imprescindible”, como en verdad lo es, y que por ende deba prestarse en caso de huelga en un 70% en las “horas pico”, según la versión del Senado. Según el mencionado gremialista, ello atentaría contra un derecho de los conductores, opinión no compartida por la Opama.
Como se ve, existen numerosas posiciones encontradas, mientras el estudio del proyecto de ley avanza a paso de tortuga, como si las autoridades del Gobierno y los legisladores no quisieran meterse en camisa de once varas. Ya pasó demasiado tiempo: es hora de acabar con las dilaciones, más aún atendiendo que la ejecución gradual de la reforma –a ser financiada con recursos públicos– exigiría cuatro años. Es necesario apurar los pasos para que cuanto antes se busque poner fin al suplicio de los usuarios.