Según lo acordado el 29 de marzo con los empresarios del transporte público de pasajeros del área metropolitana y para “garantizar la prestación del servicio a la población”, el Ministerio de Economía y Finanzas desembolsó US$ 6.900.000 en concepto de subsidios, aportados por los contribuyentes de todo el país, aunque el servicio se limita solo a la Capital y municipios más próximos. En cambio, los miles de usuarios no han sido ni serán indemnizados por los daños resultantes de la última operación chantajista. La Ley N° 7617/26 garantiza la prestación “continua y regular del servicio”, penalizando las interrupciones con la “terminación anticipada del contrato por la autoridad”, pero todo indica que no será aplicada.



El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que la reglamentación de la nueva ley de reforma del sistema no pasará de abril y que el Gobierno apunta a iniciar la primera licitación de uno de los corredores durante el segundo semestre de este año. Reconoció que el proceso “no es tan fácil”, pero afirmó que el plan avanza y “no se va a detener”.

La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) denunció que la paralización del transporte público perjudicó a trabajadores y comercios y cuestionó la lentitud de las autoridades para actuar ante problemas recurrentes, como los aumentos de los precios de combustibles y la falta de planificación del transporte público.

La Federación de Trabajadores del Transporte (FETRAT) responsabilizó al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, por la suspensión del servicio de transporte público el sábado último, 28 de marzo, que afectó a usuarios, trabajadores y empleadores. La organización pidió la renuncia inmediata de ambos por daños a la ciudadanía.
Ayer se cerró un capítulo más de los tantos dramas escenificados desde hace años por el Viceministerio de Transporte y los transportistas del área metropolitana, en evidente perjuicio de los usuarios y de la economía. El presidente Santiago Peña dijo que la solución acordada para levantar el paro es insuficiente, que el problema es “estructural” y que se está trabajando en ello. Para acabar con las soluciones “parche”, dijo que su Gobierno está impulsando una ley de reforma del sector. Es hora de que esta deplorable historia tenga un final feliz, con la prestación ininterrumpida del servicio público, mediante buses que se hallen en buen estado y que cumplan con los horarios correspondientes. Fiel a su estilo, el Presidente no deja de lado sus palabras edulcoradas, y acaba de afirmar que “la ciudadanía está primero, siempre”. Ese tipo de afirmaciones ya se ha escuchado suficientemente. Lo que se espera de él es que cumpla con sus palabras y pase a la acción.

El Viceministerio de Transporte abrió un sumario administrativo contra 28 empresas de transporte del área metropolitana que cortaron el servicio el pasado sábado y domingo. Las empresas, nucleadas en Cetrapam y Ucetrama, se exponen a sanciones por interrumpir un servicio público considerado imprescindible.