Editorial

La pobreza y la pobreza extrema en el Paraguay se han reducido sensiblemente en 2025, según lo confirman los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. Más allá de cualquier otra consideración, es una buena noticia, plenamente consistente con el ciclo de crecimiento económico pospandemia que atraviesa el país. El factor excluyente ha sido el incremento de ingresos por la vía del empleo. Eso está muy bien, pero llama la atención la poca o nula, y hasta a veces inversa, incidencia de los planes sociales del Gobierno, pese a la enormidad de recursos públicos que se destina a ello. Esta situación da la pauta de que existen ineficiencia, excesivos gastos administrativos, posibles desvíos y mala focalización en la aplicación de recursos públicos en el área social, algo que se ha denunciado en reiteradas ocasiones.

Tras el “Vía Crucis Arquidiocesano de Asunción”, en el que el Viernes de Dolores participaron numerosos fieles, el cardenal Adalberto Martínez pronunció en la Catedral Metropolitana una homilía, en la que instó a mirar las penosas realidades de hoy y a esforzarse por la paz y una sociedad más justa. Según dijo, hay que poner en el centro la dignidad humana, “ignorada y aplastada por intereses del poder político y económico”, así como recordar que Jesús pide “no quedarnos indiferentes y preguntarnos por las cruces que vemos cargar a nuestro lado”. En sentido figurado, la expresión “vía crucis” significa una serie de penurias o adversidades que afectan a una persona, aunque también puede emplearse con respecto a las que padece una sociedad como la nuestra, castigada por muy graves carencias de diversa índole. La gélida indiferencia ante ellas sería una actitud anticristiana por violar el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo.

Una vez más, el IPS se convierte en noticia por la peor de las razones. Una mujer de 62 años, diagnosticada con cáncer de mama derecha, entró al quirófano del Hospital Ingavi para una mastectomía. Salió con el seno izquierdo sano extirpado. Tres horas después, la volvieron a operar para quitarle el órgano que realmente correspondía. Sin empatía, sin disculpas de fondo, solo una “auditoría interna” que huele a cortina de humo. IPS no asume; evade, promete investigar. Esto no es un accidente aislado. Es el mismo guion macabro que ya lo vivió don Ramón Samudio, a quien en 2022, en el Hospital Central del IPS, le amputaron la pierna izquierda sana en lugar de la derecha afectada por trombosis. O la “muerte evitable” de Braulio Vázquez en enero pasado. Basta ya. No se trata de “error humano”. Es crimen institucional. No es “falta de recursos”. Es saqueo sistemático. No es “mala suerte”. Es desprecio absoluto por la vida de quien financia el IPS con su trabajo honesto.

Ayer se cerró un capítulo más de los tantos dramas escenificados desde hace años por el Viceministerio de Transporte y los transportistas del área metropolitana, en evidente perjuicio de los usuarios y de la economía. El presidente Santiago Peña dijo que la solución acordada para levantar el paro es insuficiente, que el problema es “estructural” y que se está trabajando en ello. Para acabar con las soluciones “parche”, dijo que su Gobierno está impulsando una ley de reforma del sector. Es hora de que esta deplorable historia tenga un final feliz, con la prestación ininterrumpida del servicio público, mediante buses que se hallen en buen estado y que cumplan con los horarios correspondientes. Fiel a su estilo, el Presidente no deja de lado sus palabras edulcoradas, y acaba de afirmar que “la ciudadanía está primero, siempre”. Ese tipo de afirmaciones ya se ha escuchado suficientemente. Lo que se espera de él es que cumpla con sus palabras y pase a la acción.

La DNIT emitió la resolución 49, que exige a las empresas proporcionar datos, rendir cuentas y dar explicaciones sobre sus reservas, con el declarado objetivo de forzarlas a convertir ese patrimonio en acciones o distribuirlas para que el fisco pueda sacarles una tajada. “¿Por qué no capitalizan?”, preguntó desafiante Óscar Orué, titular de la DNIT, como si en algún lugar del ordenamiento jurídico se le facultara al Estado, y mucho menos a él, a inmiscuirse en decisiones lícitas de los particulares. Este Gobierno gozó en sus primeros años de una expansión récord de las recaudaciones, pero, en contrapartida, no hizo su tarea de controlar el gasto público y de concretar reformas a tiempo. Si, desesperado por exprimir más a los contribuyentes, quiere crear un nuevo impuesto o ampliar una base imponible, no puede hacerlo de manera torcida y encubierta, recurriendo a un burdo “apriete”, fuera del marco de la ley y de la Constitución.