Los chantajistas consuetudinarios del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) no están dispuestos a abandonar su odiosa práctica. Como ya lo había insinuado su presidente, César Ruiz Díaz, al mentar hace unos días un “paro natural”, han vuelto a la carga anunciando uno artificial de 72 horas, a partir del próximo 21 de julio. Exigen, entre otras cosas, el pago inmediato de los subsidios correspondientes a mayo y junio, que ascenderían a ocho millones de dólares en total, así como la actualización de los componentes de la “tarifa técnica”.
Según el dirigente transportista, el 8 de junio de 2024, el Viceministerio de Transporte –encabezado por Emiliano Fernández– se habría comprometido a dicha actualización y a “mantener los subsidios en tiempo y forma”. “Esperamos un año (...), remitimos notas, inclusive denunciando manipulaciones en la estructura de costos”, dijo, lo que obligaría al responsable a “dar explicaciones legales”. El sector ya habría “perdido la confianza” en ese organismo, debido a las “mentiras” y a la “improvisación”.
El Gobierno replicó de inmediato. En cuanto a la supuesta deuda, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, dijo lo siguiente: “El subsidio se está pagando por mes, no me pueden pedir que yo les pague tres meses seguidos. Se les está pagando. El mes pasado se pagó y tiene que pasar un mes para que se les pague. Yo no sé cuál es el apuro de ellos. Creo que pueden haber otros intereses y habría que preguntarles cuál es el problema. Se les pagó el mes pasado y corresponde pagar este mes” (las negritas son nuestras).
Así que, según los transportistas, se les debe el subsidio desde mayo. Según el ministro, el Gobierno está al día. Entonces, alguien miente en este culebrón.
A su vez, el viceministro citado afirmó que solo venció la deuda correspondiente a mayo, por un valor de 3,9 millones de dólares, que debió abonarse en junio. Invoca el Decreto N° 710/23, según el cual “el subsidio será otorgado por cada validación de uso respecto a los pasajes pagados con billetaje electrónico, cuyos datos serán extraídos del perfil general de la Central del mes operativo anterior al de la solicitud de subsidio”. Esto significa que se dispondría de todo este mes para abonar el subsidio de junio. Pero estaría en mora el de mayo.
En cuanto a la tarifa técnica del pasaje, según el viceministro, ya fueron actualizados doce de sus coeficientes desde que él asumió el cargo en abril del año pasado, e incluye el costo del combustible, de los repuestos y de los accesorios, entre otras cosas. Aún restaría actualizar los valores para la segunda mitad de 2024. En cambio, el presidente del Cetrapam sostiene que el 71% de los componentes no está actualizado, razones por las que su gremio habría perdido confianza en el Viceministerio de Transporte que, por lo demás, incurriría en improvisaciones. De nuevo, alguien está faltando a la verdad.
La problemática del transporte público en la Gran Asunción debe abordarse con la seriedad debida, fuera del confuso tira y afloja verbal acostumbrado. El modelo actual ya está agotado por culpa de unos “empresarios” despiadados y de unos gobiernos inoperantes que han venido tolerando sus notorias inconductas. El actual anunció varias veces la presentación de un proyecto de ley para regular y modernizar el servicio de transporte público metropolitano de pasajeros; hasta el último martes, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, aún ignoraba cuándo sería entregado al Congreso. César Ruiz Díaz no cree que la iniciativa cambie el sistema porque duda de que para su ejecución existan los fondos necesarios y una garantía de que el próximo Gobierno acepte la ley.
Habrá que verlo, pero desde ya cabe subrayar que la normativa deberá ser aplicada, algo que en este país no debe darse por supuesto. Tampoco habrá un sistema que valga mientras el Viceministerio de Transporte tolere el chantaje de quienes buscan imponer sus pretensiones a costa de los usuarios, en vez de aplicar la ley.
Una de las partes en conflicto está mintiendo, burlándose de la opinión pública; quienquiera que sea, no está a la altura de sus responsabilidades y serán los usuarios quienes cargarán con las consecuencias, pero también deberán cargarlas los “huelguistas”, pues la Ley N° 6789/21 establece que “la empresa que deje de prestar unilateralmente sus servicios acordados en la concesión en forma regular y no lo regularice en un período de 24 (veinticuatro) horas de intimada por la autoridad competente, será cancelada y perderá su licencia y su itinerario de pleno derecho...”. Esta es una de las leyes existentes y no aplicadas. De poco valdrán nuevas medidas si, como la mencionada, también caen en saco roto.