3 de mayo de 2026
El eterno drama del transporte público de pasajeros en el área metropolitana tiene un nuevo episodio, como si las experiencias acumuladas a lo largo de los años aún no bastaran para agotar la paciencia de los usuarios y de la ciudadanía en general. A pocas semanas del último “paro” ilícito, ahora se ha llegado al colmo de que, según cierto documento interno del Viceministerio de Transporte, a cargo de Emiliano Fernández, el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), dirigido por César Ruiz Diaz, le entrega datos de 2024 y no los de 2025 para ajustar la tarifa técnica; además, bloquearía la revisión de los precios de chasis y carrocerías, buscando imponer los de buses inexistentes en el mercado local. Ya es suficiente con lo que a diario padecen los pasajeros en los buses atestados o en las prolongadas esperas generadas con vileza , como para que, además, quienes pagan en impuestos termine, ilícitamente, en los bolsillos de sus desalmados verdugos. Es preciso poner fin a sus diarios infortunios, agravados durante las odiosas “reguladas”, aplicando la ley con todo rigor, como es debido.


El Estado paraguayo deberá garantizar un pago anual de unos US$ 50 millones a los emiratíes, durante unos 15 años, para viabilizar el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí. El monto es prácticamente similar al subsidio que actualmente el MOPC destina a todo el transporte público del área metropolitana.

El Estado paraguayo deberá garantizar un pago anual, mínimo, de unos US$ 50 millones, durante 15 años, para viabilizar el proyecto del tren de cercanías con la estatal emiratí Etihad Rail, según confirmó Fepasa. Solo el 20% de este monto provendría de la recaudación del pasaje y de negocios vinculados al servicio, mientras que el 80% restante sería cubierto con subsidio estatal. Para asegurar estos pagos se prevé la creación de un fideicomiso.

El Instituto de Previsión Social (IPS) lanzó una alerta urgente a sus asegurados: un total de G. 2.683 millones se encuentran “ociosos” en las sucursales del Banco Nacional de Fomento (BNF). Se trata de subsidios por reposo médico gestionados durante el ejercicio 2025 que, por diversas razones, no fueron retirados por sus beneficiarios.
Cetrapam denunció ante el Ministerio de Trabajo que la deuda del Gobierno por subsidios —que ronda los US$ 10 millones— ya “pone en riesgo” el pago de aguinaldos a los trabajadores. El gremio pidió que esa institución interceda y convoque a una reunión urgente para “evitar un conflicto laboral”, mientras los usuarios siguen padeciendo un servicio pésimo pese al millonario aumento del subsidio estatal.

Representantes de tres empresas permisionarias de transporte de pasajeros de Asunción emitieron un comunicado en el que exigen un reajuste de G. 600 para poder sostener el servicio. De no realizarse el ajuste, advierten con el cese total de actividades. La empresa La Unión S.R.L. suspendió recientemente el servicio de la Línea 16-2, dejando sin transporte a cientos de pasajeros.