A casi dos años de la asunción del Gobierno de Santiago Peña, que llegaba con plausibles promesas de atender los males de ese sector fundamental para el desenvolvimiento ciudadano, el sistema del transporte público continúa con las mismas deficiencias que torturan al usuario, y con los mismos vicios, como la extorsión y el chantaje.
Por boca de su gerente, César Ruiz Díaz, el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció el inminente paro “natural” del indispensable servicio concesionado, porque el Estado adeudaría más de 9.400.000 dólares por los subsidios correspondientes a abril y mayo últimos. En otros términos, la suspensión, de la que el Viceministerio de Transporte habría sido notificado hace veinte días, ya no se limitará a las habituales “reguladas” artificiales, sino que implicará el colapso liso y llano del pésimo sistema que padecen los usuarios, ante la culposa inacción gubernativa.
En mayo del año pasado, Santiago Peña dijo que deseaba irse en 2028 habiendo dejado un transporte público mucho mejor que el que encontró, por haber cambiado el sistema. En sus palabras, si para ello “el Estado tiene que pagar más plata, voy a poner más plata” (sic), como si pudiera prescindir del Congreso. Por ahora, el sistema sigue igual o peor que antes y el dinero aún no aparece, sin que hasta hoy se sepa en qué sería invertido en el marco del nuevo modelo mentado. Entretanto, el disponible seguiría siendo aportado por los contribuyentes de todo el país y no solo por los de la Gran Asunción.
Por otra parte, duele admitir que el gerente del Cetrapam acierta al sostener que “una ley no mejora el sistema”, como tampoco no lo ha cambiado, cabe agregar, esa letra muerta que es la que penaliza las reguladas, desde luego, porque no se la cumple. En su opinión, la mejora requiere una “ingeniería y una gestión técnica competente”, de la que por lo visto carece el viceministerio en cuestión. Curiosamente, Griselda Yúdice –vocera de la encomiable Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama)– coincide en gran medida con lo antedicho al afirmar que “nos quieren vender la idea de una nueva ley, pero lo que falta es gestión y decisión política”. Agrega que la solución al drama del transporte público del área metropolitana exige “carriles exclusivos, flotas renovadas e itinerarios modernos”, o sea, una “inversión pública real”, no precisamente subsidios para los transportistas.
La permanente crisis del sistema exige profundos cambios, como lo cree el propio Santiago Peña, aunque en lo que lleva de gestión nada concreto y relevante haya impulsado en una cuestión que tiene “entre ceja y ceja”, según dijo también en la ocasión antes referida. En aquel entonces, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, anunció la compra de mil buses a ser concesionados en el marco del plan de reforma “El bus que viene”, que apunta, entre otras cosas, a que en 2028 bajen el precio del pasaje y los tiempos de espera y de traslado. Pues, este es el día en que el proyecto de ley respectivo aún no ha entrado en el Congreso, aunque ya han sido licitados los itinerarios de los buses eléctricos donados por la República de China (Taiwán).
Por lo demás, es llamativo que haya surgido una crisis en las tradicionales buenas relaciones entre el Cetrapam y el Gobierno de turno, gracias a las cuales los “empresarios” propensos al chantaje hacían pingües negocios con vehículos destartalados, a cambio presuntamente de servicios prestados en tiempos electorales. Valga como otro ejemplo que César Ruiz Díaz se quejó en marzo del incumplimiento gubernativo de un acuerdo de junio de 2024 entre su gremio, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, con relación a la tarifa y al desembolso de los subsidios, entre otros puntos. Curiosamente, señaló que el Gobierno solo había cumplido con el pago de los subsidios “en tiempo y forma”.
Pero ahora resulta que también en el caso de los pagos se hallaría en falta, de modo que los usuarios de buses obsoletos deberán pagar los platos rotos. Los “empresarios” saben que de hecho será de ejecución imposible la norma de la Ley de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, según la cual “en caso de grave riesgo de suspensión de la prestación del servicio, el concedente está autorizado a intervenir la concesión y a hacerse cargo de la prestación del servicio. De ser imposible que la concesionaria continúe prestando el servicio, el concedente lo continuará prestando por sí o llamará a licitación según el procedimiento establecido en esta ley”. Como no ayudaría mucho emplear vehículos militares hasta tanto se elijan los nuevos concesionarios, el repugnante chantaje puede resultar efectivo.
Es hora de que este insostenible sistema sea reformado de una vez por todas, en defensa del Estado, de los contribuyentes y de los pasajeros, victimizados por unos caraduras que en 2024 cobraron 347.408 millones de guaraníes en concepto de subsidios, tras haber aumentado en un 568% en los últimos cinco años, sin que sus prestaciones hayan dejado de ser lamentables. Una ignominia que ya debe terminar.