Al tiempo de que salen a luz más documentos sobre el espionaje a Paraguay en Itaipú, desde Brasil “anuncian” como gran cosa que una nueva compañía ha sido “habilitada” para comprar energía eléctrica paraguaya, refiriéndose a la proveniente de fuentes distintas a la de la binacional. Parece mentira que, a 52 años de la firma del Tratado, ya cancelada totalmente la exorbitante deuda por la construcción de la central, Paraguay, con la implícita complicidad del Gobierno y de la ANDE, siga sin poder disponer de sus propios excedentes, tenga que pedir permiso para comercializarlos con sus reglas a quien mejor le parezca, se vea obligado a seguir cediéndolos a Brasil a precio vil, mientras nuestro vecino tranquilamente compra y vende en la región a precio de mercado en nuestras narices.
Hace más de un año se firmó el acuerdo tarifario del que tanto se jacta Santiago Peña, tras el cual el ministro de Industria y Comercio y consejero de la entidad, Javier Giménez, declaró con bombos y platillos que, a partir de entonces, Paraguay podría vender directamente su energía sobrante a operadores privados dentro del llamado “Ambiente de Contratación Libre” (ACL), o sea, en el desmonopolizado mercado brasileño. Inmediatamente en Brasil se desmintió la información y el Gobierno se tuvo que desdecir. El “sobrante” no se refería a la energía de Itaipú, sino a la de otras fuentes, que en la práctica solo podía ser la generada por la usina de Acaray, hasta tanto se renegociara el Anexo C, cosa que nunca ocurrió.
El 31 de mayo de 2024, la ANDE anunció una subasta de un bloque de 100 MW de Acaray, que, según se dijo, iba a servir de ejercicio para preparar al país para vender a gran escala. Ni una cosa ni la otra. La empresa estatal tardó meses en preparar la oferta y hasta el día de hoy no ha logrado colocar a buen precio un volumen que representa apenas el 1,1% de la capacidad instalada de generación hidroeléctrica que nominalmente tiene el país.
En gran medida ello ha sido por inoperancia propia, quizás deliberada. Primero la ANDE se autoimpuso formalidades que no se estilan en este tipo de operaciones en ninguna parte del mundo, incluyendo el Brasil, donde la compraventa de energía en subastas, o “leilãos”, se hace por internet en unas pocas horas. Luego demoró inexplicablemente la apertura de las ofertas económicas, no sin antes advertir que cualquier adjudicación quedaría ad referéndum de la previa aprobación de Brasil, lo cual es inaudito, ya que Paraguay supuestamente vende en su territorio, no tiene por qué cumplir reglamentaciones de otro país, algo que, en todo caso, debería correr por cuenta y riesgo de los compradores.
El hecho es que ha sido Brasil, no Paraguay, el que ha designado qué empresas pueden comprar energía paraguaya, que ni siquiera es la de Itaipú. La que ahora se habilitó fue Zest Energia SA, que se suma a alrededor de una docena de distribuidoras privadas autorizadas, de las más de 150 que operan en Brasil, toda vez que cumplan una larga lista de requisitos de Ministerio de Minas y Energía, de la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica, de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, del Sistema de Interconexión Nacional y del Operador Nacional del Sistema Eléctrico. En síntesis, así como Brasil “concede” el permiso, así queda con la potestad de revocarlo en cualquier momento con cualquier pretexto.
El otro factor fue el bajo precio ofertado por los 100 MW de Acaray, que ha estado por debajo del costo de contratación, por lo que la decisión todavía duerme en el Equipo Económico. Ello se debe en parte a la poca cantidad y poco atractivo del bloque ofrecido, pero, al margen de ello, si lo que se pretendía era un “ejercicio”, claramente no ha sido satisfactorio.
Mientras tanto, Paraguay cede al Brasil aproximadamente entre 15 y 20 millones de megavatios/hora al año, una cantidad equivalente a todo el consumo nacional, por una “compensación” de 10 dólares el MWh. Esta energía paraguaya es adquirida por ENBpar, la compañía eléctrica estatal brasileña, que luego la revende en el mismo ACL a precio de mercado. Como si fuera poco, por un lado, Brasil se queda con energía paraguaya prácticamente al costo y, por el otro, le vende, por ejemplo, a Argentina a 100 dólares el MWh.
La gran pregunta que persiste es la siguiente: ¿por qué si Paraguay es dueño del 50% de Itaipú, cuya construcción ya ha sido pagada en su totalidad, todavía no puede disponer libremente de su energía y vender sus grandes excedentes al mejor postor? El Gobierno de Santiago Peña le debe responder al pueblo paraguayo.