Cargando...
Sin inmutarse ante los fuertes indicios de que Itaipú Binacional amañó una licitación en pro de un empresario ligado al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, munido de dos cédulas de identidad y un pasaporte discordantes, el Gobierno empezó a distribuir una parte de los 330.000 muebles escolares de origen chino, al parecer tremendamente sobrefacturados, como tratando de generar un hecho consumado. Se jacta de que se trata de la inversión en mobiliario “más grande de los últimos años”, cuando que, en realidad, debe figurar entre los mayores escándalos en materia de contrataciones.
Es indignante valerse de las necesidades educativas como pantalla para desviar supuestamente el dinero público hacia bolsillos particulares y afirmar luego, como lo hizo el presidente Santiago Peña, que “los niños más humildes del Paraguay están recibiendo el mejor mobiliario que existe en el país y en el mundo”. En verdad, lo que están recibiendo aparenta ser, más bien, el fruto podrido de una corruptela mayúscula avalada por el Consejo de Administración de la entidad binacional, presidida por Justo Zacarías Irún, e integrada también por los ministros del Poder Ejecutivo Claudia Centurión, Carlos Fernández Valdovinos, Javier Giménez y Rúben Ramírez Lezcano. Todo indica que el pliego de bases y condiciones de la licitación fue adaptado a la conveniencia de Long Jiang o Aaron Bruno Jiang (según la cédula de identidad china o paraguaya que exhiba, que tienen distintas fechas de nacimiento), quien además habría recibido información privilegiada para eliminar a eventuales competidores, entre ellos a empresarios paraguayos que no hubieran podido entregar oportunamente los muebles metálicos requeridos súbitamente. Si “ganó solo” es porque, probablemente, contaba con patrocinantes de fuste, que habrán tenido un interés contante y sonante en la presunta operación fraudulenta.
A ellos se sumaron de hecho los legisladores cartistas y sus satélites de ambas Cámaras, que se negaron a estudiar un proyecto de declaración que instaba a Itaipú Binacional a dejar sin efecto el proceso contractual, aunque el Senado aprobó el pedido de que dicha entidad y el Ministerio de Educación y Ciencias informen sobre el mismo y, en especial, sobre las especificaciones técnicas, el plazo para entregar el mobiliario, el precio abonado, la investigación de costos en el mercado local y los pagos hechos a la firma proveedora. El pedido de informes también alcanzó a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios para que dé noticia del despacho de importación de los muebles, entre otras cosas. Según los antecedentes, es muy probable que los senadores cartistas se den por satisfechos con los informes a ser brindados, pues si el Presidente de la República está orgulloso del procedimiento, también lo estaría el no menos importante titular de la ANR, Horacio Cartes. Por otra parte y ante la inoperancia del Ministerio Público, a cargo de Emiliano Rolón, que debió haber actuado de oficio, varios legisladores de la oposición denunciaron penalmente a personas innominadas por la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, estafa, soborno, asociación criminal, falsedad de documentos y lavado de dinero, lo que obligó al fiscal general a designar fiscales para la investigación.
De hecho, el inicio de la distribución de una ínfima cantidad de los muebles fue aprovechado con fines propagandísticos por las autoridades del Gobierno y las partidarias de las localidades a donde llegaron los pupitres. Ahí estuvo, por ejemplo, el senador Silvio “Trato Apu’a” Ovelar (ANR, cartista) realizando una videollamada al titular de Itaipú, junto con padres y el director de una escuela de Yhu, para resaltar las bondades de los pupitres. Que bueno hubiera sido que el senador les hubiera informado en detalles a esos padres y docentes del precio con que fueron adquiridos tales muebles y lo que se puede hacer con lo que se pudo haber ahorrado.
Lo ocurrido revelaría hasta qué punto puede llegar la vileza de quienes en este país administran el dinero público. La falta de escrúpulos para saciar su avidez persistirá mientras la población no se alce para decirles basta y reclamar con fuerza, actuando en defensa propia, para que se les haga sentir el rigor de la cárcel. Como se creen a salvo del Código Penal, cometen sus fechorías sin ningún disimulo, ante la actitud timorata del Ministerio Público, que no actúa como es de esperar por preferir, según todas las apariencias, ponerse al servicio de los que mandan antes que proteger a la población de los latrocinios de los mandones de turno. Así que, de nuevo: es preciso que las víctimas se levanten pacíficamente –como está ocurriendo con las manifestaciones populares en marcha– contra los delincuentes que se valen de un cargo público para enriquecerse, exigiendo una y otra vez que sean castigados. Valdrá la pena esa clase de reacción ciudadana en beneficio de “los niños más humildes del Paraguay”, que no deben continuar sirviendo de carne de cañón para groseras fechorías.
