6 de mayo de 2026

CIUDAD DE GUATEMALA. Acusada de obstaculizar la justicia, la salida de Consuelo Porras de la Fiscalía General abre un nuevo capítulo en Guatemala. La institución queda a cargo de Gabriel García Luna cuya misión será restaurar la credibilidad en un sistema judicial golpeado por la corrupción y la impunidad.


El exministro Dionisio Borda cuestionó la transición de la narrativa de “éxito regional” a una “economía de guerra”, señalando la falta de combate a la corrupción como el lastre principal de las finanzas públicas. Con relación a la salida de Carlos Fernández Valdovinos, señaló que se debió a factores tanto externos como internos.
La historia recuerda a Maximilien Robespierre como “El Incorruptible”, un hombre de convicciones férreas, de una moral rigurosa y de una lealtad ideológica e inquebrantable a la virtud que no admitía fracturas. En plena Revolución Francesa sostuvo que “la compasión es traición” y justificó el terror como justicia pronta, severa e inflexible. Su radicalidad, aunque sangrienta, se convirtió en símbolo de la necesidad de purificar la política de abusos y corrupción.
Agrupo tres episodios relativamente recientes, todos ellos del mundo de la justicia, digamos, con el propósito de reflexionar sobre la legitimidad del Poder Judicial. Aclaro que me refiero a su legitimidad subjetiva, a la aprobación social, a la confianza que genera en la ciudadanía; no a su legitimidad objetiva, que tiene que ver con otra cosa, especialmente con que sus miembros sean designados conforme a los procedimientos correspondientes. Antes de seguir, quiero remarcar que la aptitud del Poder Judicial para inspirar credibilidad constituye uno de los desafíos más grandes que tenemos como sociedad.