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En una entrevista para la agencia EFE en París, el presidente Santiago Peña dijo que Paraguay es “la pequeña Catar de la energía sostenible”, que el país se “mueve con energía renovable” y que exporta el 80% de su producción energética. ¡Ojalá! La realidad es que apenas el 21% de la matriz energética paraguaya es eléctrica de fuente hidráulica. El 40% es a base de derivados de petróleo 100% importados y el otro 40%, de biomasa, es decir, carbón y leña. Paraguay no “exporta” su energía, sino que se ve obligado a cedérsela a Brasil y a Argentina a precios irrisorios, y en más de un año en funciones este Gobierno no ha movido un dedo por cambiar la situación, ni siquiera por denunciarla.
Ello es así en virtud de los Tratados de Itaipú y Yacyretá, o, mejor dicho, de la sesgada interpretación que nos han impuesto de los mismos, y, más específicamente, de sus respectivos Anexos C. Pero el de Yacyretá ya cumplió su plazo de revisión en 2014, al principio del mandato de Horacio Cartes, y el de Itaipú, el 13 de agosto de 2023, en coincidencia con el inicio de la gestión de Santiago Peña, y todo sigue exactamente igual o peor en detrimento del Paraguay.
Este Gobierno no ha hecho nada por restituir los legítimos derechos paraguayos en ninguna de las dos binacionales. En el caso de la EBY, no hubo siquiera alguna reunión bilateral de alto nivel sobre el tema, pese a que atraviesa una “crisis catastrófica”, en palabras del jefe financiero del lado paraguayo, Federico Vergara, debido a que Argentina, que consume prácticamente todo lo que produce la central, directamente no paga por la contratación de energía, no digamos ya la ínfima “compensación” al Paraguay por usar su parte. Por esa razón, los ingresos ya no alcanzan ni para cubrir los costos básicos, ni hablar para ir amortizando una deuda que nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende.
En lo referente a Itaipú, ha llegado el fin del año y ni cerca está de cumplirse la promesa de finiquitar las negociaciones sobre el Anexo C “antes del 31 de diciembre de 2024″, como se menciona en el acuerdo tarifario de mayo. El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, que ya no sabemos si realmente es quien lleva adelante las supuestas tratativas o es a quien se lo manda a dar la cara y asumir un ridículo tras otro ante la opinión pública, acaba de admitir que ese plazo, como era de esperarse, no se va a alcanzar.
El Gobierno puso todo su énfasis en conseguir unas migajas en forma de “gastos sociales” por diferencia tarifaria (pagada por los consumidores) y se olvidó del Anexo C para beneplácito del Brasil, para el que el statu quo es sumamente favorable y cuanto más se extienda, mejor. El propio Giménez llegó a reconocer que solamente había habido “contactos informales” sobre el asunto. Eso supuestamente iba a dar un giro radical a partir del 7 de noviembre, tras las visitas del canciller y del ministro de Minas y Energía brasileños, Mauro Vieira y Alexandre Silveira. Se anunció que, desde ese momento, se harían reuniones semanales, sean presenciales o virtuales, para cumplir el objetivo y Giménez prometió “socializarlas”. Nunca más se supo de ninguna reunión. Una de dos, o no se hicieron y ese anuncio no fue más que una cortina de humo, o de nuevo están transando a espaldas de la ciudadanía.
Mientras, Paraguay continúa hasta el día de hoy prácticamente regalando su energía todos los días. La primera turbina de Itaipú empezó a producir en 1984 y la primera de Yacyretá, en 1992. En todo este lapso, Brasil se llevó el 90% de todo lo generado por Itaipú y Argentina el 92% de Yacyretá, lo que incluye su parte y casi toda la de Paraguay, que no ha sido ni mínimamente compensado por ello, y mucho menos ha recibido un precio justo por la “exportación” de sus excedentes, ya descontado con creces el costo de las exorbitantes y usurarias deudas por la construcción de ambas centrales. Si Catar hubiese malvendido de esa manera su petróleo durante cuarenta años, con toda seguridad no estaría en el top ten de los países más ricos del mundo (cómo después se distribuye esa riqueza, es otro tema).
Por lo tanto, señor Presidente, en lo único en lo que el Paraguay se le va pareciendo a Catar es en el creciente cercenamiento de los derechos ciudadanos. Aquellas bonitas frases, tan grandilocuentes como vacías de contenido, podrían servir como táctica de marketing frente a públicos extranjeros que no conocen nuestra verdadera realidad. Pero es grave y triste que se les quiera seguir mintiendo descaradamente a los propios paraguayos sobre el manejo de los recursos del país y del patrimonio nacional.