La investigación realizada en gran parte por la fiscala Claudia Criscioni, quien fue recusada, rescata hechos hasta tragicómicos, como los revelados por miembros del comité Santa Catalina de Acahay, quienes declararon que en una ocasión los directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas pintaron, con aerosol, tomates que aún no estaban maduros.
La cámara de apelaciones concedió prórroga al Ministerio Público hasta el 6 de setiembre de 2014 para presentar su requerimiento conclusivo en la causa en la cual están investigadas 25 personas, entre ellas dos exministros del Ministerio de Agricultura, por una supuesta defraudación de más de G. 68.000 millones. Alegaron la complejidad del proceso penal para pedir la prórroga.
El senador liberal Enzo Cardozo declaró ayer en el caso del presunto perjuicio de G. 68.000 millones a la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas (Fenaprofhp) del Ministerio de Agricultura y deslindó responsabilidad. Alegó que transfirió los recursos a los beneficiarios, según manda la ley. La diligencia se hizo ante la fiscala Claudia Criscioni.
Las fiscalas Alba Delvalle y Claudia Criscioni solicitaron la confirmación de las condenas de la exministra de la Secretaría de Acción Social (SAS), Judith Liduvina Andraschko, sentenciada a 5 años de cárcel, y del excoordinador del programa Pra-Tierra, Rodrigo Lezcano, quien soporta una pena de 4 años de prisión, por compras de inmuebles inhabitables. Pidieron el rechazo de las apelaciones planteadas por ambas defensas.
La fiscala Claudia Criscioni amplió la imputación en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería contra 14 personas y pidió que se embarguen los bienes de tres imputados: Silvio Riveros, Ignacio Acuña y Lidio Esteban Irala.
El exministro de Agricultura y Ganadería Rody Godoy y otros 18 imputados por supuesto desvío de G. 68.264.779.224 destinados a productores frutihortícolas, soportan desde ayer medidas alternativas a la prisión como fianza y prohibición de salir del país, entre otras.