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Las agentes de la Unidad de Delitos Económicos contestaron los traslados de las apelaciones, que realizó el Tribunal de Alzada.
Entre los principales argumentos, el Ministerio Público se ratifica en la posición de garante de la exministra y el perjuicio ocasionado por su accionar fue de nada menos que G. 1.600 millones.
“Cabe resaltar sobre el particular que el término administrar constituye el atributo característico de quien es garante del patrimonio, dado que implica la realización de actos de disposición patrimonial en relación a los bienes que le son confiados”, se consigna en el escrito fiscal.
Además, se agrega: “A esto se suma el hecho clarísimo de que la Sra. Andraschko ha realizado actos de disposición concretos y efectivos respecto al patrimonio de la institución donde ocupaba el cargo de ministra”.
También se hace referencia a que el objeto del juicio tenía la característica de compra de tres fincas para la ocupación de “sintechos”.
A su vez, las fiscalas indican que las defensas pretenden que la Cámara valore y analice pruebas producidas en el juicio oral, “en su desmedido afán de quitar responsabilidades de sus clientes”.
Con relación a la conducta de Rodrigo Lezcano, la fiscalía se ratifica en que como coordinador de Pra-Tierra, dio el ropaje legal para autorizar las compras de las tierras.
Las fincas adquiridas por la vía de la excepción están en Limpio, que se trataba de un lugar de cloaca a cielo abierto; en Luque e Itacurubí de la Cordillera, que tampoco son aptas para ser habitadas.
Tanto Andraschko como Lezcano, tras estar en prisión, lograron un arresto domiciliario en feria judicial.