Este martes en sesión ordinaria de Diputados indefectiblemente se deberá dar un desenlace con el proyecto de ley “que modifica los artículos 6 (inviolabilidad de la defensa), 136 (desestimación) y 305 (duración máxima del procedimiento) de la Ley 1286/98 Código Procesal Penal”, que se encuentra en su tercer trámite tras el rechazo unánime en Senado y que tiene fecha de sanción ficta el miércoles 25.
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En este caso, la sanción automática implicaría el archivamiento del proyecto, salvo que la aplanadora cartista decida ratificarse en su sanción inicial, para lo cual necesitan mayoría absoluta (41 votos). El proyecto es tan riesgoso para todo el sistema judicial que de manera unánime (incluidos cartistas) lo rechazaron en Cámara Alta.
El proyecto de “blanqueo exprés” del diputado cartista Derlis Rodríguez, entre otras cosas, plantea acortar a solo 3 meses (90 días) el plazo máximo para que la Fiscalía presente imputación contra un sospechado o denunciado, de lo contrario, se puede solicitar la desestimación de la causa, plazo que gremios de magistrados, agentes fiscales e incluso abogados particulares alertaron de excesivamente cortos sobre todo para casos complejos como los de crimen organizado y corrupción.
Esto beneficiaría con la impunidad a casos del crimen organizado o la corrupción: Narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos de alto perfil o sicariato, e incluso abuso sexual (entre otros) que requieren plazos mayores de investigación para proceder a imputar.
Otro aspecto peligroso es que plantea que el plazo máximo del proceso es de 4 años (se mantiene el plazo actual) pero sin embargo plantea que las “chicanas” o incidentes procesales no se descuenten ese plazo siempre que sea “culpa” del la mora del sistema judicial, es decir, que la Fiscalía o la Corte no resuelva en el plazo máximo, que es lo habitual.
Lo más grave es que la ley -de promulgarse- será de aplicación retroactiva, al ser más beneficiosa para el encausado, permitiendo incluso favorecer a criminales ya condenados y a mansalva.
Otros intentos similares
Anteriormente, en Cámara de Diputados de la mano del diputado cartista Yamil Esgaib se presentó el proyecto de ley que modifica el artículo 67 de la ley nº 1160/97 “código penal paraguayo” (devolución premiada), pero que en realidad era de “corrupción premiada”, ya que planteaba reducir las penas a corruptos que hayan desfalcado al Estado, a cambio de simplemente devolver lo robado.
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Actualmente ya existe una ley de comiso que permite al Estado recuperar bienes malhabidos, por lo que la “novedad” de la iniciativa era que simplemente buscaba dar una herramienta que en realidad premie la corrupción, ya que daba una salida benigna a los que sean pillados robando al Estado.
El proyecto inicialmente tuvo la media sanción en Diputados, que luego no tuvieron votos suficientes para ratificarse tras el rechazo del Senado.
El mismo Esgaib ahora planteó ahora un proyecto que plantea poner en riesgo el estatus de Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y mandarnos a la lista gris de los países fértiles para el lavado de dinero y bienes, iniciativa legislativa que aun no ha sido tratada.
Se trata del proyecto de ley “que regula el comiso de bienes en armonía con el artículo 20º de la Constitución Nacional”, que plantea eliminar la regulación aprobada en el marco de la evaluación de Gafi, y por el cual pretenden que el Estado no pueda comisar bienes de sospechados de crímenes y delitos, salvo que se tenga sentencia firme y se pruebe puntualmente el supuesto origen ilícito del bien en particular.
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La iniciativa está llamativamente hecha a medida del caso del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, fallecido el 19 de agosto de 2024 en una allanamiento policial-fiscal a su residencia, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico, una causa por la cual sigue procesado el hijo del legislador, Alexandre Rodrigues Gomes.
Rechazaron la imprescriptibilidad de corrupción
La mayoría cartista en Diputados por su parte se portó como un paredón infranqueable cuando el diputado colorado disidente Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana) planteó el aumento de penas y la imprescriptibilidad de hechos de corrupción.
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Centurión, en un intento de que prospere su iniciativa incluso aceptó postergar para otro momento el aumento de penas para más casi una veintena de delitos relacionados a la corrupción pública, con el fin de que al menos se apruebe la imprescriptibilidad, para que básicamente los corruptos ya no logren impunidad mediante chicanas interminables.
Cartistas con su aliados (incluidos liberales), terminaron mandando al archivo el proyecto en su primer trámite.