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El presidente de Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, se niega a facilitar el acceso a documentos públicos de forma física, pese a que los mismos deben estar disponibles en la página web del organismo, tal como lo establece la Ley N° 5282 de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental. Un equipo periodístico de ABC acudió a la oficina esta mañana, al igual que en ocasiones anteriores y una vez más no hubo suerte para acceder a documentos de la reguladora de juegos de azar del país.
En esta ocasión, se negó el acceso con el alegato de que ningún funcionario se encontraba disponible para brindar la atención requerida. Los argumentos en ocasiones anteriores fueron que todos se encontraban de reunión, estaban ocupados con la interpelación al jefe ante el Senado y su tratamiento del voto censura, sin poder explicar en qué incide la visita de la prensa en su rutina.
De esta manera, Ortiz evidencia una negativa sistemática a que se conozcan las decisiones de su administración. Hace semanas que se intenta conocer las resoluciones, información solicitada por el portal de Acceso a la Información Pública (AIP), expediente 44.452, a lo que respondió que “debido al volumen de los documentos, se encuentran a disposición en la oficina”.
Sin embargo, las copias proporcionadas corresponden a los años 2018 y 2019. Al intentar obtener las del año pasado, Ortiz informó que si se desea obtener será mediante la captura de fotografías y ya no proporcionará las copias “debido a escasez de personal”. Luego de varios intentos de acceder a los documentos públicos, el viernes último se facilitaron los biblioratos y un funcionario identificado como “José” fue designado como vigilante. Al parecer, recibió indicaciones por mensaje de permitir la revisión hasta determinada resolución, porque reaccionó con ímpetu para rescatar la carpeta cuando se intentó acceder a las resoluciones más recientes.
“Tengo que salir para fiscalización y vos no podes seguir acá. Tenes que irte”, atinó a decir “José” a la periodista de ABC. El equipo de prensa aguardó el retorno para seguir hojeando los documentos en la oficina pública durante tres horas y media, sin éxito.
Cero en transparencia
La Secretaría Anticorrupción (Senac) calificó con un cero a la Conajzar al verificar los ítems de transparencia gubernamental, establecido en el Ley Nº 5282. La conclusión es parte de las conclusiones de la Resolución N° 167/2021, el cual analiza documentos vinculados a la Resolución N° 34/2020 de Conajzar, con el cual autorizó a la empresa iCrop SA (representada por Ariel Peña) a “regularizar” la explotación de tragamonedas en sitios prohibidos por la Ley N° 1016/97 de Juegos de Azar.
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En la página web de Conajzar se puede apreciar que no se reporta las autoridades actuales de la institución, tampoco lo referente a sus licitaciones ni resoluciones, entre otros datos de interés público.
Aseguran que falta de transparencia es indicio de corrupción
Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), cuestionó el actuar de las autoridades de Conajzar y recalcó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe dar las indicaciones para que se cumpla ya mismo lo que establece la ley de transparencia gubernamental. Advirtió que la falta de transparencia es indicio de corrupción, ya que “quien oculta e incumple con la ley es porque está interesado en que no se sepa lo que ocurre o lo que se hace en la institución; y eso es por algo, no por simple negligencia”, aseveró.
“La omisión de la Conajzar en cumplir con sus obligaciones más básicas en materia de transparencia activa debería activar la intervención del Ministerio de Justicia, en su carácter de órgano coordinador, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, de la implementación de las normas sobre transparencia”, recalcó. Aunque lamentó que esa institución carece de poder coercitivo, pero recalcó que sí tiene la facultad de dejar en evidencia y hacer pública la violación a la ley de acceso a la información.
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“Es irregular que la comisión no haya subido a la web de Hacienda toda la información solicitada y mucho más que ponga obstáculos de facto para acceder a ella”, sostuvo. Añadió que es una abierta violación a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 5282 que obliga a las instituciones a “prever la adecuada organización, sistematización, informatización y disponibilidad para que sea difundida en forma permanente, a los efectos de asegurar el más amplio y fácil acceso a los interesados”.
Por otra parte, indicó que bloquear el acceso a la información impidiendo el acceso físico a la institución para recabar la información es directamente una violación flagrante de la ley que amerita el inicio de la acción judicial de amparo de acceso a la información y, en su momento, la imposición de las costas del proceso a las autoridades de la Conajzar.
Además, destacó el hecho que de la Senac haya detectado irregularidades y que no pueda hacer mucho más que eso es una muestra concreta de la debilidad de institucional en materia de lucha contra la corrupción. “Hoy por hoy, es poco y nada lo que puede hacer la Senac”, afirmó.
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Agregó que esta situación evidenciada por el equipo periodístico de ABC, a nivel político debería generar tanto un pedido de informes y citación para interpelación, contemplados en los artículos 192 y 193, de la Constitución Nacional. Eventualmente, podría terminar en un voto de censura, art. 194 de la misma normativa. “Antes de llegar a esto, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, y hasta el propio presidente Abdo Benítez deberían ordenar a las autoridades de la Conajzar cumplir de inmediato con la ley.
Senado trata voto censura este jueves
En la agenda del Senado está previsto el tratamiento del voto censura a Ortiz Báez por segunda vez. A fines de julio fue sometido a una interpelación por irregularidades en el contrato de tragamonedas, la adjudicación de la quiniela a una firma morosa y la reducción unilateral e ilegal del canon a concesionarias de juegos de azar.
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En aquella ocasión, Ortiz prometió enviar todos los documentos vinculados a estos temas. Sin embargo, se detectó que no se encontraba el dictamen jurídico del Poder Ejecutivo en el que se negó a proporcionar un decreto que permita la “legalización” de explotación de tragamonedas en comercios como bares, bodegas, kioscos y otros comercios de libre acceso, ya que está prohibido por Ley N° 1016/97 de Juegos de Azar.
