16 de abril de 2026

Tras enfriarlo por varias semanas, la Cámara de Diputados volvió a incluir como octavo punto del orden del día de su sesión ordinaria de mañana el pedido de interpelación al ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja por el caso de la adjudicación de una vivienda social al exsenador expulsado Javier “Chaqueñito” Vera. De ser tratado, el cartismo impondrá su mayoría y lo mandará al archivo.

Senadores de Honor Colorado (HC) abandonaron ayer la sesión de la Cámara Alta para impedir el tratamiento del pedido de interpelación de Francisco Ruiz Díaz, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). El oficialismo quiso evitar evidenciar que carecen de los votos necesarios para rechazar el pedido e impedir que opositores y disidentes tuviesen mayoría.

El Senado debe analizar mañana el pedido de interpelación contra el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, por las escandalosas adjudicaciones de valiosos inmuebles fiscales, cerca del futuro Puente del Corredor Bioceánico, valuados en decenas de miles de dólares a precio de “regalo”. La oposición exige la destitución del funcionario y el oficialismo evaluaría reemplazarlo.

La senadora Lilian Samaniego dejó en claro que el presidente Santiago Peña y su familia deben salir a aclarar hoy mismo la situación en torno a las denuncias de los Sobres del Poder. Por otra parte, explicó el motivo por el cual solicitó que el Ministro del Interior y el Comandante de la Policía declaren de forma presencial. “Si las explicaciones no convencen, se convoca a una interpelación”, sostuvo.

La senadora Yolanda Paredes expresó que tanto el Ministro del Interior como el Comandante de la Policía no deberían temer a una interpelación, ya que apuntaron que todo fue legal. Señaló que meter infiltrados en las marchas es el modo de operar de la Policía para desmeritarlas y utilizar la fuerza desmedida. También remarcó que la interceptación de comunicaciones privadas es gravísimo.

El senador Rafael Filizzola confirmó que la oposición presentó un pedido formal de interpelación contra el ministro Enrique Riera y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, por la actuación policial durante una marcha de la Generación Z. Criticó el uso abusivo del delito de “perturbación de la paz pública” y denunció detenciones sin causa y vigilancia ilegal de comunicaciones. Además, aseguró que un comisario con antecedentes encabezó la represión.