En Canindeyú, la “Operación Umbral”, coordinada entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y la Tercera División de Caballería (3DC), condujo a la captura de cuatro narcotraficantes y a la muerte de uno de ellos, así como a la incautación de tres grandes camiones, 14 camionetas y dos automóviles, todos ellos cargados con 89 toneladas de marihuana prensada, en total. Como se trata de una cifra récord, la intervención debe calificarse de muy fructífera, siendo de lamentar que el mérito no pueda ser compartido con la Policía Nacional y no solo porque estuvo ausente. En efecto, pesa sobre esta última institución la grave acusación del jefe de la Senad, Jalil Rachid, de que la enorme caravana delincuencial interceptada había pasado ante al menos once comisarías, a lo largo de unos 120 kilómetros, sin que ningún agente lo haya advertido, o no lo haya querido advertir, porque según el jefe antidrogas, “estaba todo liberado el camino”. ¡Gravísimo!
Más aún, en la “zona de escape” de los narcotraficantes se hallaron documentos personales del comisario principal Osvaldo Andino, quien adujo que se le habían extraviado cuando apoyaba el despliegue del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), aunque el jefe de la Senad aclaró que ningún policía actuó en el procedimiento, si bien admitió que “...después del operativo, ellos (los policías) fueron a rastrillar la zona”. Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Benítez, dijo que cuando la institución no cuenta con “información de inteligencia, es muy difícil llegar a celebrar (sic) este tipo de operaciones”, pues “el control que hace la Policía no es vehículo por vehículo”. Por de pronto, ya se habría ordenado que efectivos policiales verifiquen sobre el terreno “si en el camino estaban los puestos de control activos o inactivos”. Pese a todo, se informó que seis de los puestos y comisarías sobre las rutas 3 y 13 ya fueron intervenidos, siendo apartados 42 efectivos, ninguno de alto rango.
Lo acontecido hace recordar que en septiembre de 2023, el edil de Yby Pytã Juan Antonio Villalba (ANR) dijo a los agentes policiales que habían interceptado su camioneta, siendo amenazados por la banda de Felipe “Macho” Acosta, que los comisarios de la zona ya habían sido comprados. En febrero de este año, siempre en Canindeyú, se decomisaron 14.290 kilos de marihuana cargados en nueve vehículos, sin que los controladores se percataran: Jalil Rachid se preguntó por qué circularon “tan campantemente” y confió –en vano, según parece– que lo ocurrido haga “saltar las alarmas” en otros órganos. Este historial revela el hecho inquietante de que la Senad no confía en la Policía Nacional, a lo que se agrega que al parecer tampoco espera la cooperación del Ministerio Público, razón por la que no le informó de la “Operación Umbral”. Como se sabe, Jalil Rachid tuvo hace poco una disputa con la fiscala adjunta para casos de narcotráfico, Matilde Moreno, por haberse negado ella a gestionar una orden de allanamiento de una casa en la que supuestamente había cien kilos de cocaína y al menos veinticinco fusiles, que iban a ser destinados a la organización criminal Comando Vermelho en Brasil. Recordando siempre que la mafia ha penetrado en todas las instituciones, según admiten las propias máximas autoridades del país, conviene preguntarse si la Policía Nacional y el Ministerio Público están o no infiltrados.
Dado que hay muchísimo dinero sucio circulando por los alrededores, siempre será necesario mantenerse alerta para impedir que ingrese en la casa o para limpiarla cuanto antes, si ya la ha contaminado. Por supuesto, para ello, la cooperación orgánica –que por lo que se ve no existe– es imprescindible. Parafraseando a Jalil Rachid, nadie debe tener “el freno de mano levantado”, sea por negligencia o corrupción.
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Es de esperar que el Ministerio Público inicie una pesquisa con respecto a las actuaciones u omisiones policiales en la “Operación Umbral”. Han surgido sospechas que pesan sobre miembros de dos instituciones de singular relevancia en la lucha contra el crimen organizado: deben ser desvanecidas o confirmadas cuanto antes, sin que terminen en agua de borrajas, como suele acontecer en ocasiones similares.