El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, dejó sin espacio físico en la zona aledaña al futuro puente del Corredor Bioceánico a dos instituciones públicas: la Administración Nacional de Navegación y Puertos y la Dirección Nacional de Aduanas, hoy dependencia de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Seguidamente, sesenta hectáreas fueron vendidas por la actual administración del Indert a Marlene Araceli Oviedo y veintinueve a Adolfo Gabriel Ehreke, a precios 244 veces inferiores a los vigentes en el mercado inmobiliario (!).
El último 13 de noviembre, el Ministerio de Economía y Finanzas emplazó al Indert por veinticuatro horas a que presente un “informe pormenorizado” sobre el segundo caso, cuyo contenido se ignora, suponiendo que haya sido brindado. Días después, el diputado Miguel Martínez (hoy PLRA) entregó un proyecto de declaración sobre la necesaria “transparencia” de las adjudicaciones de tierras fiscales, “especialmente en zonas estratégicas vinculadas al Corredor Bioceánico”. Además, anunció que pedirá que una comisión especial de la Cámara que integra se ponga a investigar lo ocurrido. Sin embargo, las iniciativas no prosperaron debido al voto en contra de la aplanadora cartista.
Por su parte, la exasesora jurídica del Indert, Carolina Pacce, reveló que había sugerido al presidente priorizar a las entidades públicas y actualizar la escala de precios, que data de 2013, dado el notorio aumento de los mismos. En su opinión, las adjudicaciones pueden ser anuladas, por no haberse seguido el procedimiento previsto en el Estatuto Agrario. En realidad, se debería ir más lejos y recordar que el Código Penal castiga con hasta cinco años de prisión o con multa a quien, siendo responsable de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero, en este caso el Estado, lo haya dañado o no haya impedido un perjuicio. En los casos “especialmente graves”, la pena puede llegar a diez años de reclusión.
Desde ya, es necesario que el Ministerio Público se aboque de oficio a investigar si en los casos referidos se ha cometido el hecho punible de lesión de confianza, algo que no desentonaría con el historial de un par de expresidentes del Indert: Justo Pastor Cárdenas fue condenado en 2023 a siete años de cárcel por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; en tanto, que el prófugo Luis Ortigoza, imputado por estafa y lesión de confianza en un caso en el que fueron sentenciados cuatro funcionarios, cayó detenido en julio durante una redada con relación a un homicidio y al narcotráfico. Desde julio, también el exgerente de Créditos Carlos María Soler está purgando cuatro años de prisión por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, extorsión y tráfico de influencias.
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Los casos referidos bastan para afirmar que el Indert es una copiosa fuente de corrupción, cualquiera sea el Gobierno, más aún atendiendo que los hechos punibles que salen a la luz son tan solo la punta del iceberg. Entretanto, las organizaciones campesinas exigen rutinariamente la condonación de deudas y no desaparecieron del todo las invasiones de tierras, aunque su penalización haya sido acentuada.
Marlene Araceli Oviedo y Adolfo Gabriel Ehreke obtuvieron respectivamente 60 y 29 hectáreas de tierras públicas a precio vil y no precisamente por ser sujetos de la reforma agraria. La ley de creación del Indert dice que el instituto debe “promover la integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social (...) promoviendo el acceso a la tierra rural, saneando y regularizando su tenencia”. Tal como se ven las cosas, hay que empezar por sanear su presidencia cuanto antes, con la estrecha cooperación del Ministerio Público, para que alguna vez deje de ser un antro de fechorías diversas. La podredumbre del Indert es de vieja data. Recuérdese que ya en julio de 2020, el entonces senador Enrique Riera (ANR, cartista) anunció que propondría la creación de un nuevo organismo que se ocupe de regularizar las tierras. Y bien, no es cuestión de reemplazar un engendro con otro, sino de limpiar a fondo la institución y seguir enviando a la cárcel a los corruptos, ya que sin duda las condenas ya mencionadas no son aún suficientes para frenar la podredumbre allí reinante.