Desde hace largos años, el Instituto de Previsión Social (IPS) está signado por la corrupción, el derroche y la ineptitud, razones por las que los asegurados y sus familiares sufren penurias sin cuento. Los sucesivos Gobiernos no pueden o no quieren sanearlo. En realidad, deberían intentar al menos reanimarlo, dado que ya parecería un “cadáver”, tal como lo calificó su exgerente Carlos Morínigo, poco antes de ser destituido con ignominia el año pasado. En la putrefacta entidad, cuyo Consejo de Administración está presidido por Jorge Magno Brítez, se descubrió en 2024 que se había llegado incluso a vender cargos a miles de incautos, razón por la cual serán juzgados veinte presuntos estafadores, en su gran mayoría exfuncionarios del IPS.
En verdad, se trata de un caso excepcional, pues no abundan las pesquisas tan siquiera abiertas por las diversas fechorías cometidas tradicionalmente. Una de las habituales denuncias consiste en que se amañan licitaciones en provecho de algún “amigo de la casa”, sin perjuicio, desde luego, de que también se beneficien los autores del direccionamiento. Uno de los casos más sonados de la última década fue el advertido en 2017 por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en pro de una firma del antiguo mimado de la institución Óscar Chamorro Lafarja, para quien se habría amañado una licitación por más de 24.277 millones de guaraníes, para actualizar, ampliar y mantener el sistema de videovigilancia. El contrato fue firmado por el entonces consejero Jorge Magno Brítez y el hecho solo derivó en la pérdida de investidura del senador Dionisio Amarilla, por uso indebido de influencias. Como es habitual, no hubo consecuencias penales para nadie, lo que constituye una invitación para seguir delinquiendo.
Hace poco más de un mes, empresas gastronómicas denunciaron el direccionamiento de una licitación para proveer al IPS de alimentos hospitalarios por valor de más de 19.000 millones de guaraníes: el llamado fue suspendido por la DNCP. Se trata de una de las 72 licitaciones cuestionadas o protestadas en lo que va del año porque afectarían el principio de igualdad y libre competencia. Están en juego 2,971 billones de guaraníes, lo que equivale al 76,6% del monto total presupuestado para los 149 llamados. El hecho de que casi la mitad de ellos esté bajo sospecha dice mucho acerca de la falta de confianza en la imparcialidad del Consejo de Administración de IPS, integrado también por representantes de los empresarios y de los trabajadores.
Desde siempre, las organizaciones gremiales han venido dando una suerte de carta blanca a “sus” consejeros para que hagan o dejen de hacer lo que se les ocurra, como si no les interesara el uso dado a los aportes obrero-patronales. La culpa del estado cadavérico del IPS es compartida no solo por los sucesivos presidentes del Consejo de Administración y los tres representantes del Poder Ejecutivo, sino también por los del sector privado, cada uno de los cuales cobra más de treinta millones de guaraníes mensuales.
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Se debe insistir en la impunidad reinante como un factor que alienta el saqueo directo e indirecto de los recursos financieros. No solo la Contraloría General de la República y la DNCP deben prestar especial atención al IPS, sino el Ministerio Público para que actúe de oficio, sin limitarse a esperar alguna denuncia formal. Así como están las cosas, el instituto está sobre todo al servicio de su presidente, de los cinco miembros del Consejo de Administración y de sus veintiséis mil funcionarios y empleados, antes que de los 825.000 trabajadores inscriptos, que mal pueden esperar ser bien atendidos porque faltan camas, fármacos, insumos o personal de blanco.
Tal como están las cosas, el IPS es una suerte de autoservicio que los maltratados aportantes no tienen por qué solventar. Los máximos responsables, que entre otras cosas convocarían licitaciones ajustadas a la cara de algún cliente, se muestran insensibles ante los continuos reclamos. Por tanto, hay que enfatizar en la necesidad de que se haga sentir el rigor de la ley penal en todos los niveles, porque la impunidad alienta la corrupción que, en materia sanitaria, puede acabar no solo con las finanzas, sino también con la vida de inocentes.