El desgarrador testimonio de la docente Liz Prieto ilustra el calvario de las dos mil víctimas de la “mafia de los pagarés”: un préstamo de un millón de guaraníes, pedido en 2016 para comprar un microondas, se convirtió en una deuda de tres mil millones, que hoy se le reclama por la vía judicial y por la que ya pagó setenta y ocho millones. Esta mujer tiene dos hijos menores y un padre enfermo que mantener, con un ingreso mensual que se redujo a un millón seiscientos mil guaraníes. Por de pronto, entre los 67 acusados por el Ministerio Público en esta horrenda historia, pues habrían prevaricado y producido documentos de contenido falso, entre otros hechos punibles, figuran jueces de paz, ujieres, actuarios, oficiales de justicia y abogados. El presunto grupo delictivo, en el que se destacaba el personal judicial, habría estado dirigido por cuatro jueces de paz, que se quedaban con la mayor parte del dinero arrancado a los incautos, según se desprende de la acusación.
La indignante trama hace recordar que la magistrada Claudia Criscioni, presidenta del Tribunal Especializado en Delitos Económicos que en 2021 condenó a Ramón González Daher a quince años de cárcel, pidió disculpas a las víctimas del usurero, que se había valido de la judicatura para enviarlas a la cárcel por estafa, previa extorsión. En sus memorables palabras: “Pedimos disculpas por lo que el sistema de justicia les hizo (...) Esperamos que nunca más vuelva a ocurrir esto en este país (...) se utilizó el sistema penal (...) Esto no debería haber ocurrido en un Estado de derecho”. Pues bien, algo similar ha vuelto a ocurrir durante años, porque el Poder Judicial está podrido hasta los tuétanos. La Corte Suprema de Justicia ignora su deber de supervisar, mediante el Consejo de Superintendencia que integran su presidente y sus dos vicepresidentes, a los tribunales, juzgados, auxiliares de la justicia, funcionarios y empleados del Poder Judicial.
Es de subrayar que los dos casos referidos no fueron ocasionales, sino que se extendieron en el tiempo, sin que se tomara nota de las aberrantes actuaciones del personal de justicia. El escándalo denunciado por la magistrada Criscioni no sirvió para que los nueve ministros se esforzaran por ejercer de continuo un control aleatorio, pese a que cada uno de ellos está encargado de supervisar dos de las dieciocho circunscripciones. Así las cosas, no debe sorprender que se monten confabulaciones para esquilmar a ciudadanos indefensos bajo el manto de la “justicia”. En febrero de este año, el Colegio de Abogados del Paraguay hizo bien al afirmar que “la justicia no puede ni debe ser un negocio ni un mecanismo de extorsión”, y al instar “a todas las instituciones a tomar medidas urgentes para erradicar estas prácticas nefastas y devolver la confianza”. Sin embargo, no se observan en el horizonte medidas ejemplares que indiquen que se busque combatir la podredumbre judicial.
La diosa de la Justicia tiene los ojos vendados para asegurar su imparcialidad, pero no así para poder examinar la conducta de sus agentes; al contrario, sus ojos deben estar bien abiertos dentro de su palacio para evitar que se convierta en una suerte de cueva de Alí Babá o en algo peor. Si se ha llegado a tales extremos como los referidos es porque, cabe repetirlo, hay mucha podredumbre en el Poder Judicial: la pregunta es hasta cuándo no pocos de sus miembros seguirán victimizando a la gente desde sus despachos, como si no les bastara con recibir instrucciones de algún exponente del crimen organizado para no molestar a algún protegido. Mientras la judicatura no sea saneada, los habitantes de este país continuarán expuestos al prevaricato, entre otros graves delitos. Cuando no rige el Estado de derecho, impera la ley del más fuerte, bajo la forma de un fallo dictado por un juez.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Se dirá que para reprimir arbitrariedades de grueso calibre está desde ya el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero la experiencia enseña que mal podría hacerlo, habiendo estado presidido por dos presuntos falsos abogados, el exdiputado Orlando Arévalo y el senador Hernán Rivas, ambos colorados cartistas que representaron a sus pares. También habría que poner mucho cuidado a la hora de que el Consejo de la Magistratura seleccione a los jueces y la máxima instancia judicial a los actuarios, oficiales de justicia y ujieres. Evidentemente, no será fácil limpiar el establo, pero habrá que intentarlo para que la administración de justicia deje alguna vez de alojar a malhechores de saco y corbata.