Es inminente la suba de la tarifa de la luz, según anunció el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien también reveló que se está preparando “un mecanismo de ajuste casi automático” para darle sostenibilidad a la ANDE. Lo que no mencionó fue el verdadero motivo. El incremento es una consecuencia directa del acuerdo con Brasil en mayo de 2024 a instancias del Gobierno paraguayo, que le obliga a la compañía estatal a pagarle a Itaipú una tarifa muy superior al costo básico, a pesar de lo establecido en el Tratado.
Fernández Valdovinos justificó la próxima suba con el argumento de que el precio doméstico de la electricidad está congelado desde 2017, lo cual es cierto. Lo que omitió decir es que, desde 2023, los costos de la ANDE debieron haber caído drásticamente al terminar de cancelarse la deuda de Itaipú.
No fue así porque este Gobierno impulsó y firmó un trato que obliga a la ANDE –es decir, a los consumidores nacionales de electricidad– a pagar más de lo que establece en el Tratado para financiar “fondos socioambientales”, cuyo monto real ni siquiera se conoce a ciencia cierta, para uso discrecional de Santiago Peña, que los utiliza a su antojo, en fines tales como los cuestionados “pupitres chinos”, sin someterse a las normas institucionales de la República y sin rendición de cuentas.
El mayor componente del costo de la ANDE es la contratación de energía, principalmente de Itaipú y, subsidiariamente, de Yacyretá y otras fuentes. A septiembre de 2025, la compra de energía de Itaipú representó el 64,6% del total de los egresos operativos de la compañía, con un monto de 524,7 millones de dólares en los primeros nueve meses del año.
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Si se hubiese respetado el Tratado, ese egreso sería mucho menor, la ANDE no tendría problemas financieros, no habría necesidad de subir las tarifas a los consumidores y la empresa contaría con suficientes fondos propios para realizar las inversiones necesarias en el sector eléctrico y brindar un mejor y más amplio servicio a los usuarios. No es así por el acuerdo de 2024.
Itaipú es formalmente una entidad sin fines de lucro, lo que significa que debe venderles energía a la ANDE y a su contraparte brasileña a precio de costo. En otras palabras, de acuerdo con el Tratado, su tarifa tiene que ser la que resulte del prorrateo de sus costos básicos por unidad de potencia, ni un dólar más, ni un dólar menos. Al cancelarse la última cuota de la (exorbitante) deuda por la construcción de la central en febrero de 2023, ese costo básico se redujo drásticamente y lo mismo debió ocurrir con la tarifa.
Pero el Gobierno de Santiago Peña decidió postergar la tan ansiada renegociación del Tratado y del Anexo C y, en cambio, insistió en inflar el costo y la tarifa por encima del básico para generar una diferencia en forma de “fondos socioambientales”. Finalmente, se fijó una tarifa de Itaipú equivalente a 19,28 dólares el kilovatio/hora hasta 2027, cuando los cálculos técnicos indicaban que debía ser de 10 dólares o menos. Y no solo eso, sino que se acordó que la ANDE tendría que reducir fuertemente su participación en la compra de “energía no garantizada” (mucho más barata), que era la forma que tenía tradicionalmente de equilibrar sus finanzas.
El resultado fue que, de acuerdo con datos oficiales publicados por el Ministerio de Economía, las utilidades de la ANDE cayeron de 1 billón 613.000 millones de guaraníes en 2023 a apenas 69.489 millones de guaraníes en el ejercicio 2024, el primer año de aplicación del acuerdo, un abrupto desplome de más del 95%. Ese monto –menos de 10 millones de dólares– no es ni por asomo suficiente para cubrir los proyectos de ampliación de infraestructura de la estatal, como lo manda su carta orgánica, por lo que, en estas condiciones, la suba de la tarifa se vuelve inevitable.
Paraguay es dueño del 50% de una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo ya totalmente amortizada. Hoy debería estar disfrutando de una fuente gigantesca de energía limpia, renovable y barata para beneficio de su población y del desarrollo nacional, a la par de haber exigido la ejecución de los plazos de revisión para la plena y libre disponibilidad de su parte. El Gobierno de Santiago Peña decidió que no fuera así. Si ahora quiere subir la tarifa a la gente, por lo menos que le diga la verdad.