Santiago Peña tuvo la buena fortuna de asumir sus funciones en un ciclo de crecimiento económico después de varios años de retracción, estancamiento y presión inflacionaria por la pandemia, la disparada del petróleo por la guerra en Ucrania y sucesivas temporadas de sequía que golpearon duramente el sector agropecuario. Sin embargo, desde fines de 2023, mientras el sector privado ha hecho gala de resiliencia, dinamismo, innovación y productividad, en el sector público se observa todo lo contrario. En todo este tiempo el Gobierno no ha logrado hacer mejorar, mucho menos prosperar, una sola compañía estatal.
Se divulgaron a través del portal del Ministerio de Economía los informes de auditoría externa del ejercicio 2024 de las principales empresas públicas, con resultados calamitosos.
Por mencionar a las más importantes, Petropar perdió el año pasado 248.805 millones de guaraníes, ¡52,1% más! que en 2023; la Industria Nacional del Cemento cerró con un saldo rojo de 81.804 millones de guaraníes, 5,9% mayor que el de por sí pésimo ejercicio anterior; Ferrocarriles del Paraguay SA, que no tiene en servicio un solo tren o algo que se le parezca, pasó de tener una pérdida de 1.741 millones de guaraníes en 2023 a una de 18.601 millones de guaraníes en 2024, casi 1.000% más. La que redujo su déficit, gracias principalmente a onerosos planes de retiro, fue Copaco, pero aun así perdió 71.837 millones de guaraníes en 2024.
Hubo algunas que generaron ganancias, pero muy inferiores a las que venían reportando, a pesar de que, insistimos, el momento económico es mucho más favorable. La Administración Nacional de Navegación y Puertos, por ejemplo, cerró 2024 con un saldo positivo de 28.575 millones de guaraníes, 33,1% menor que el de 2023.
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Párrafo aparte para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que supuestamente debería beneficiarse financieramente con la expansión económica y el consecuente mayor consumo de energía eléctrica. Sin embargo, cerró el ejercicio 2024 con una utilidad de 69.489 millones de guaraníes frente a una de 1 billón 613 mil millones de guaraníes en 2023, más de veinte veces inferior, ¡una caída de 2.223% en pleno ciclo de crecimiento!
El 2024 es el cuarto año de rentabilidad negativa que arrastra la ANDE, la tasa de la cual, según la Ley 966/4, dependen los proyectos de ampliación de la infraestructura de la estatal.
En 2021, la rentabilidad fue del -1,57%; en 2022, -2,25%, en 2023, -014% y en 2024, -3,82%. La situación del 2025 no sería muy diferente, porque la sobretarifa Peña/Lula está plenamente vigente.
Aunque la auditoría no lo menciona, esta enorme contracción de la rentabilidad de la ANDE se debe, en efecto, en gran medida a que tiene que pagar más por la energía de Itaipú, su principal fuente de abastecimiento, no solo porque se le redujo drásticamente su cuota de “energía no garantizada”, sino porque se le obliga a contratar por una tarifa significativamente mayor al costo básico, en virtud del acuerdo tarifario que impulsó y firmó Santiago Peña con el fin de contar con “fondos socioambientales” para derrochar en “pupitres chinos” y otros gastos discrecionales no fiscalizados.
En la lista no figuran otros entes públicos tan o más importantes, principalmente los de seguridad social. Aunque no se publicaron los últimos resultados, por declaraciones de sus directivos se sabe que se acentuó el alarmante déficit del Instituto de Previsión Social (IPS), que a este ritmo agotará totalmente las reservas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones en menos de 25 años según los más recientes cálculos actuariales. También se agrava exponencialmente la situación de la Caja Fiscal, cuyo saldo rojo rondará los 300 millones de dólares en 2025.
Tampoco hay buenas noticias por el lado de las finanzas públicas. Es cierto que aumentan los ingresos vía recaudaciones, lo cual es lógico debido al crecimiento económico, e implica más dinero aportado por los contribuyentes. Pero, en contrapartida, no para de aumentar el gasto. A septiembre de 2025, el total de transferencias de recursos públicos fue 13,4% superior al del mismo período de 2024. Y si se observa la composición de ese gasto, solo el 10% es para servicios básicos y otro 9,8% para inversiones, el resto es para el pago de la deuda (31,1%), jubilaciones y pensiones, pago al personal, subsidios, al tiempo de que hubo, por ejemplo, una reducción del 33,7% en la compra de medicamentos en comparación con el año pasado.
El Ejecutivo es el poder administrador de los bienes del Estado, en particular de la administración central, y en la Constitución paraguaya el Poder Ejecutivo es unipersonal, ejercido exclusivamente por el Presidente de la República. Santiago Peña puede delegar funciones, pero no responsabilidades, es él el máximo responsable. Imagínense, amables lectores, si, por ejemplo, el CEO del grupo Cartes presentara estos resultados en todas las empresas y actividades del conglomerado. Hace rato lo habrían despedido.