Ocho parlamentarios opositores denunciaron ayer ante el Ministerio Público al presidente Santiago Peña y a quienes sean individualizados como autores y/o partícipes de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, administración en provecho propio y abuso de poder. De entrada, creen muy “sospechoso” que el denunciado “no pueda justificar razonablemente su aumento patrimonial” desde el 3 de abril de 2014, cuando presentó su primera declaración jurada de bienes y rentas, al ocupar el directorio del Banco Central: su patrimonio neto era entonces de 914.728.047 guaraníes.
Y bien, quince días después de asumir su actual cargo en 2023, tras haber sido ministro de Hacienda entre 2015 y 2017, y haberse desempeñado luego en el sector privado, declaró bienes y rentas por valor de nada menos que 23.024.303.342 guaraníes, un incremento de 1.603% con relación al patrimonio declarado al abandonar la cartera de Hacienda, que era de 1.351.955.763 guaraníes. Se trataría de “una magnitud que reviste relevancia jurídica penal”, pues tendría que ver con presunto enriquecimiento ilícito. Según los legisladores, conviene que el Ministerio Público pida informes a la Bolsa de Valores y a empresas profesionales que puedan explicar el notable aumento patrimonial, reflejado en acciones, bonos y Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) colocados en instituciones que, en su mayoría, empezaron a tener lazos con el Estado o a reforzarlos desde que Santiago Peña llegó al Palacio de López. En síntesis, Santiago Peña habría declarado en 2023 multimillonarios activos financieros que no guardan relación con sus ingresos públicos o privados conocidos.
La minuciosa denuncia también alude a los dichos de la excoordinadora del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Luz Maribel Candado, en torno a dos sobres que contenían unos doscientos mil dólares en total y que habrían sido hallados en la residencia presidencial en fechas coincidentes con las de reuniones que el Jefe de Estado mantuvo allí con representantes legales y accionistas de firmas proveedoras del Estado; esos dólares habrían sido “direccionados” por la esposa de Santiago Peña hacia firmas comerciales, parientes y prestadores de servicios de la familia presidencial, lo cual implicaría un “manejo discrecional de dinero en efectivo no trazable”.
En cuanto al tráfico de influencias, los legisladores señalan, entre otras muchas cosas, los vínculos directos o indirectos del jefe de Estado con ITTI Saeca, que desde 2023 habría celebrado contratos públicos por más de 20.757 millones de guaraníes, y con Ueno Bank, que desde entonces juega un gran papel en la captación de fondos públicos, como los del Instituto de Previsión Social, que habría invertido allí 992.000 millones de guaraníes en CDA. En síntesis, los parlamentarios subrayan el “desfasado incremento patrimonial” del jefe del Poder Ejecutivo en los últimos seis años, tanto en activos financieros como en acciones de empresas privadas.
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Dada la extrema gravedad de la denuncia, no es admisible la actitud pachorrenta habitual del Ministerio Público, sino urge que investigue los hechos y libre los numerosos oficios solicitados, entre ellos para que el Gabinete Civil de la Presidencia de la República remita las copias de las planillas en las que consta la entrada y la salida de cada uno de los visitantes de Mburuvicha Róga, a partir del 15 de agosto de 2023. Aunque entre ellos figure el mismo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, este debe tener el coraje de actuar, como lo exige la ley. El cargo que ejerce el denunciado no lo inmuniza contra una investigación penal; el Ministerio Público, que ya debería haber iniciado una pesquisa de oficio, debe actuar con toda energía, demostrando independencia. Hay mucho que investigar y quizá no sean pocos los que aparezcan involucrados en la comisión de hechos punibles, pero por eso mismo hay que darse prisa.
Aunque formalmente le ampare la presunción de inocencia, Santiago Peña está bajo un manto de sospecha y es necesario que cuanto antes se diluciden los hechos punibles que se le atribuyen, para continuar desempeñando sus altas funciones con la tranquilidad requerida. Resulta extraordinario que legisladores entreguen una denuncia penal contra un presidente de la República en ejercicio; por eso mismo, los ciudadanos deberían seguir de cerca las actuaciones que deriven de ella, entre otras cosas para que no se crea que la investidura presidencial es una coraza que protege contra toda investigación fiscal. Como en el Estado de derecho nadie es intocable, el Ministerio Público no debe amilanarse: Emiliano Rolón no está subordinado a Santiago Peña, aunque le cueste creerlo.