16 de abril de 2026

El ex titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Justo Pastor Cárdenas Nunes cumple su condena a 7 años de cárcel por corrupción desde el pasado 27 de marzo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al inicio del proceso el ex alto funcionario ya cumplió un tiempo de prisión preventiva y luego con arresto domiciliario. Teniendo en cuenta la situación el juzgado de Ejecución de la causa definió cuándo compurgará Cárdenas su condena.
Ciertamente, la interacción con el fenómeno jurídico del “encubrimiento” de bienes se asoma a partir de los cuerpos dispositivos que potencian su anexión a fin de prever sucesos que debilitan al orden económico legal, y ante ello, se busca lograr una adecuación dispositiva, pues, la idea se asume en el indudable interés por sancionar la conducta “intencional” dentro de la esencia (delictual), es decir, a sabiendas de que los bienes son el producto de delitos precedentes.
Definitivamente, hemos de apreciar los diversos tecnicismos jurídicos que rigen dentro de nuestro entorno sistémico y, en tal efecto, se propone un recorrido por el tipo legal denominado “administración en provecho propio”, que se encuentra vinculado a la Ley N° 2523/04 “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”.

El juez Rodrigo Estigarribia admitió la acusación de la Fiscalía y, en consecuencia, elevó la causa por supuesto lavado de activo, a juicio. De esta forma, Ruth Jazmín Da Silva, esposa de Wilfrido Cáceres; su secretaria Camila Ramírez Gómez y la madre de esta última, Elvira Gómez, estarán sentadas en el banquillo de los acusados próximamente.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra en etapa de integración para analizar el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa del exconcejal luqueño Óscar Rubén González Chaves (ANR), en contra de la confirmación de la condena a cinco años y seis meses de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el caso “Príncipe Di Savoia”.

El “partner” Raúl Antonio Fernández Lippmann, condenado a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, debe ponerse a disposición de la Justicia para cumplir su condena. El juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado que a inicios de este mes ordenó la captura del exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) rechazó un recurso planteado por la defensa y ratificó su competencia en la causa.