La peor de nuestras sospechas se ha confirmado: al Gobierno del presidente Santiago Peña le molestan enormemente las voces disonantes que cuestionen sus actos de desgobierno, la corrupción y el robo. Ya conocimos esta clase de experiencia en marzo del 2017, durante el entonces gobierno de Horacio Cartes cuando, después de una manifestación, una orden superior dispuso atropellar la sede del PLRA, donde la policía cartista asesinó a Rodrigo Quintana.
Ocho años después, la historia se repite con nuevos tintes. Con menos manifestantes y más policías, con detenciones arbitrarias y cacería ciudadana violentaron varios preceptos constitucionales y dejaron una sospecha: tienen una intolerancia visceral a cualquier otra voz que no sea la cartista. Habituados a copar todos los poderes y las instancias inclusive autónomas, el Gobierno desplegó unos 3.000 policías para doblegar a unos 300 “peligrosos” jóvenes que se convocaron para una marcha contra la corrupción.
La juventud que salió a marchar contra la corrupción los atemorizó tanto que no escatimaron en utilizar a los policías que batallan contra el crimen organizado y narcotráfico para investigar redes sociales, grupos de mensajería y hasta violar el orden legal. La Policía Nacional solicitó a empresas telefónicas locales acceso a informaciones de varios de los jóvenes manifestantes, llegando al colmo de pedir registros de mensajes y llamadas ¡de los últimos tres meses! Violentaron la Constitución Nacional en su artículo 36, que establece taxativamente que todas las comunicaciones son inviolables, y que pueden ser examinadas SOLAMENTE por orden judicial para casos específicamente previstos en la ley. El propio comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Benítez, ayer reconoció que ningún juez firmó las órdenes policiales para espiar celulares, habiéndose así consumado una aviesa violación del artículo constitucional.
Si alguien piensa que la violencia fue ejercida solamente en la calle contra la gente, donde montaron desde temprano varios cercos policiales que los manifestantes debieron sortear para acceder al lugar de la marcha, grande se equivoca. La violencia se vio en la inexperiencia de los linces conduciendo una moto que arremetió contra una madre de 67 años y su hija de 32 años que terminó con doble fractura. La violencia estremeció cuando entre seis policías tumbaron al suelo a una “peligrosa” joven que entre sus pertenencias más relevantes cargaba ¡¡¡dos bandas de belleza y una banana!!! La Policía Nacional pareció más una bandada de aprendices que un cuerpo profesional.
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La violencia también se sintió en casi una treintena de jóvenes detenidos que fueron a parar a la Agrupación Especializada, donde se encuentran algunos de los más peligrosos delincuentes del Paraguay. Más de 24 horas después, todos y cada uno de los chicos debieron ser liberados sin que ni uno solo de ellos fuera imputado. Un gigantesco papelón para la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, que con comunicados criminalizaron una manifestación amparada por la Constitución Nacional.
La declaración salida del Ministerio del Interior, a cargo del ministro Enrique Riera, y del viceministro Óscar Campuzano, fue también una forma de violencia. Restaron importancia a la movilización instalando que sí, “hubo jóvenes presentes, pero la mayoría de los que se sumaron fueron activistas políticos conocidos” como si estos últimos tuvieran vedada una expresión auténticamente genuina de cualquier democracia. En el mismo escrito se mofaron de la cantidad de jóvenes que se autoconvocaron, “apenas unas 350 (personas) en total. Una cifra que demuestra que no lograron la adhesión ni el alcance que pretendían mostrar”. ¿Desde cuántas personas, para ellos, una marcha es legítimamente democrática y auténtica?
No menos deplorable fue la conducta del defensor del pueblo, que apareció en la Agrupación, al día siguiente de que los jóvenes fueran detenidos. Más miserable aún fue la actuación del Ministerio de la Juventud que, presionado por las críticas ciudadanas, envió un par de funcionarios casi 24 horas después de la detención. Salma Agüero, la hurrera cartista que funge de viceministra de la Juventud, todavía ayer a la tarde exhibía sin pudor su fanatismo criminalizando a jóvenes a quienes debió haber defendido.
El Gobierno de Santiago Peña y su aparato de seguridad están asustados y tienen motivos para estarlo; el descontento va en aumento y ya se lo hicieron sentir en el IPS, donde le arrojaron una botella vacía. El temor los ha llevado a una campaña con perifoneros donde intentaron amedrentar, minar el espíritu crítico y desmovilizar gente que solo pretendía demostrar su disgusto. El artículo 32 de la Constitución Nacional consagra el derecho de las personas a reunirse y manifestarse sin necesidad de permiso. La Ley 1066 reglamenta lo anterior y ratifica la importancia de la expresión ciudadana al validar las reuniones y manifestaciones de la población, no solo en cuestiones públicas, sino también en privadas.
Mientras manejan contrataciones, licitaciones, sobres; mientras nombran a sus nepos, los contratan y les pagan; mientras con cuatro gritos de los bravucones mantienen a raya al resto en los Poderes del Estado, el Gobierno está cómodo y a sus anchas. Nadie lo interpela. El copamiento es casi absoluto. Es como para pensar que con dádivas, regalías, licitaciones y beneficios se puede contentar a la mayoría. Las cada vez más frecuentes violencias verbales de algunos barrabravas congresistas, las amenazas de expulsiones, pérdidas de investidura o suspensiones están calentando el ambiente; la gente ya no come vidrio.
Por el momento, el cartismo y sus satélites parecen manejar todos los poderes, la justicia, la Fiscalía, el aparato de seguridad y hasta un ejército de perfiles falsos, pero no pueden apropiarse del derecho ciudadano a disentir. Mientras existan voces en las calles, habrá un país que resiste. La auténtica duda es, si con 350 jóvenes sacaron a 3.000 policías, ¿cuántos uniformados necesitarán el día en que la indignación sea de una mayoría?