La Cámara Baja volverá a ocuparse hoy de un proyecto de ley de protección general de los datos personales, presentado en 2021 por diez diputados, entre ellos el actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana. La iniciativa, con un propósito inicial aceptable, fue siendo cercenada por legisladores del cartismo y sus aliados, saboteando así la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental y la que obliga a informar sobre el uso de los recursos públicos en cuanto a salarios y otras retribuciones al servidor público. El Senado atenuó en algo la repudiable versión contraria a la transparencia, pero no lo suficiente como para evitar que el documento en estudio atente contra el derecho de los ciudadanos a conocer el uso dado a los fondos públicos.
Aparte de que las atribuciones de la prevista agencia de protección de datos se superpondrían con las del Banco Central y de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, la versión actual de la iniciativa de ley impediría acceder a datos relevantes sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios, tal como señaló la Asociación de Bancos del Paraguay. En general, bastaría con que un servidor público se oponga a que se revelen, por ejemplo, sus ingresos formales, en cuyo caso la respectiva entidad deberá pedir al órgano de control un dictamen de cumplimiento voluntario; es decir, podría denegar el pedido, aunque el dictamen favorezca al peticionante. Si a ello se agrega que se impediría que un ciudadano detecte casos de nepotismo y de enriquecimiento ilícito, debido a la incompatibilidad entre los ingresos del funcionario y sus evidentes comodidades, resulta que es mucho lo que se pretende esconder en el manejo de la cosa pública, en provecho de la clientela política y del entorno familiar.
Quien ocupa un cargo público no goza de la misma protección que el común de los ciudadanos en cuanto a sus datos personales. Entre otras cosas, el contribuyente tiene derecho a enterarse de a qué bolsillos y en qué medida va a parar su dinero, de la formación profesional del beneficiario y del modo en que este ingresó en la función pública. Como es obvio que la opacidad en esta materia favorece la corrupción, no es temerario suponer que los dirigentes cartistas tienen mucho qué ocultar al pretender desvirtuar el proyecto original y las leyes antes referidas. Puede pensarse que muchos de ellos estarán hoy mejor que otrora y no precisamente porque hayan trabajado bastante en los últimos dos años. Así, es de suponer que numerosos parlamentarios estarían legislando en causa propia, pensando en sí mismos y no en el interés general de que haya transparencia.
También habría gobernadores, intendentes y concejales que, por motivos comprensibles, no querrían que sus respectivos patrimonios sean conocidos por sus compatriotas. La codicia se agrega al creciente autoritarismo para negar a la ciudadanía interesada informaciones relativas, sobre todo a los bienes y las rentas personales de los que hoy mandan. Al parecer, estos no quieren que las víctimas del saqueo del erario sepan por qué, en última instancia, hay tantas carencias en las escuelas y hospitales. En la función pública no son pocos los que se hacen de dinero sin trabajar.
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Para los legisladores que impulsan o apoyan la iniciativa, la ciudadanía es lo de menos; lo que les importa es cubrir con un manto legislativo el latrocinio sistemático. La tan invocada transparencia sería perjudicial para ellos, de modo que el pueblo no tiene por qué saber, de buenas a primeras, ni siquiera cuánto dinero perciben “legalmente” los servidores públicos: eso no le concierne, pensarían los cartistas que promueven el proyecto de ley. De lo que se trataría es de “estar mejor”, empezando por casa, aunque sea a costa de la población, pero sin que nadie se entere. Todo indica que la desvergüenza con fueros seguirá hoy con las suyas, mal que le pese a la ciudadanía. Esta debe manifestarse y no quedarse callada ante tanto abuso.