Lo primero que queda claro es que Brasil estaba preocupado. La deuda por la construcción de la central, que siempre había sido la gran excusa para justificar la cesión de los excedentes energéticos paraguayos, se terminaba de cancelar. El 13 de agosto de ese año se cumplían los cincuenta años de vigencia del Tratado y, con ello, el momento expresamente establecido para renegociar los términos del Anexo C. Era previsible que Paraguay exigiera, a partir de allí, el pleno aprovechamiento de su 50%, lo que en la práctica significaba precio real de mercado por sus sobrantes o la libre disponibilidad de ellos para comercializarlos con terceros. Ninguna de las dos opciones convenía a los intereses brasileños, la segunda menos que la primera.
Efectivamente, se produjo en marzo de 2023 la visita del canciller Mauro Vieira, quien ratificó lo que ya había adelantado a la prensa de su país el economista Enio Verri, un diputado del partido de Lula en el estado de Paraná que acababa de ser anunciado como nuevo director brasileño de Itaipú.
Verri había puesto el acento en dos puntos sumamente sensibles. El primero fue la crítica importancia estratégica de Itaipú para Brasil, lo que desvirtúa ciertas versiones que intentan minimizarla, con el solapado afán de insinuar que, si Paraguay presiona demasiado, nuestro vecino simplemente puede recurrir a otras fuentes de energía. Todo lo contrario, Verri admitió que, si bien Itaipú representa el 8,5% de la producción de energía de su país, proporciona el 100% del suministro eléctrico de los ricos estados del sur, incluida gran parte del poderoso São Paulo. En otras palabras, Brasil necesita los excedentes paraguayos.
El segundo punto crucial señalado por Verri fue que Brasil quería seguir contando con esos excedentes por diez años, a precio fijo, sin depender de las fluctuaciones del mercado, de lo que se desprende que era eso lo que iban a buscar en las negociaciones sobre el nuevo Anexo C próximas a entablarse. Dijo que Paraguay no utilizaría toda su energía sino “hasta 2032 o 2033” y que Brasil quería un Anexo C con duración suficiente para cubrir ese período y luego “renovar los acuerdos”.
En síntesis, Brasil estaba preocupado por la posible pretensión paraguaya de exigir precio de mercado y cambiar las reglas de disponibilidad, de ahí la decisión de espiar. Sabía que Paraguay tendría excedentes en Itaipú por otros diez años y quería asegurarse de poder contar con ellos a precio fijo durante ese lapso. En otras palabras, quería centrar la negociación en un nuevo valor de la compensación por cesión de energía, seguramente con la disposición de ajustar un poco el precio para cambiar algo, pero mantener invariable lo esencial, por lo menos durante una década más. Lo que no sabía era que el Gobierno de Santiago Peña se lo haría tan fácil.
Ya durante la toma de posesión del nuevo presidente paraguayo el discurso había cambiado, y ahora sabemos a ciencia cierta que, como era de esperarse, Brasil contaba con suficiente información de inteligencia para ello. El propio Verri, participante de la ceremonia, quien había abogado antes por un rápido acuerdo, dijo entonces que la renegociación del Anexo C llevaría “cuatro o cinco años”, en cuyo caso Brasil conseguía sin ningún esfuerzo prolongar el statu quo por más de la mitad del lapso que se había planteado.
Luego, la misma administración de Peña puso la revisión del anexo en segundo plano al priorizar un acuerdo tarifario que le permitiese dividirse con Brasil una diferencia en forma de “fondos socioambientales”, a ser gastados de manera discrecional. Se terminó aceptando una tarifa intermedia hasta 2027, lo que coincide con los cuatro o cinco años que mencionó Verri.
Entretanto, continuaron las negociaciones por el Anexo C cuyos planteamientos y tenor se han mantenido en secreto, pero Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio, consejero de Itaipú y uno de los voceros del Gobierno en este tema, deslizó que “no se tocará la figura de la cesión de energía, porque eso implicaría modificar el Tratado”. Esto es insólito y preocupante. Si no es para eliminar la injusta figura de la cesión de energía y, precisamente, para “modificar el Tratado”, ¿qué es lo que se está renegociando entonces?
Para colmo, debido a la filtración del incidente del espionaje, las tratativas están interrumpidas desde el 1 de mayo por inaudita decisión unilateral del Gobierno paraguayo, cuando el más interesado en que cambien las reglas del juego debería ser Paraguay, no Brasil, a no ser que se haya preacordado alguna transada, cosa que, por los indicios que surgen, no se puede descartar.
Si los objetivos de Brasil eran los señalados por Enio Verri hace más de dos años, hasta el momento el Gobierno paraguayo se los ha servido en bandeja en detrimento del interés nacional. Santiago Peña se declara ofendido por el espionaje, pero en todo este tiempo nada absolutamente ha cambiado en Itaipú, Paraguay sigue cediendo sus excedentes energéticos por una ínfima compensación y renunciando día a día a sus legítimos derechos. Esto no le ofende.