En los últimos tiempos y con el aparente fin de amañar las compras de patrulleras para el Ministerio del Interior y de pupitres para el de Educación y Ciencias, Itaipú Binacional modificó las respectivas especificaciones técnicas en sus licitaciones, escapando al control paraguayo de sus “gastos sociales”, como si se tratara de un Estado soberano que no debe rendir cuentas a nadie, aunque el tratado vigente diga que la responsabilidad civil y penal de los consejeros, entre otros, por actos opuestos a los intereses de la entidad binacional, será investigada y juzgada según las leyes de los países contratantes, es decir, de nuestro país y del Brasil. De hecho, pero no de Derecho, esa entidad binacional goza de extraterritorialidad, con el acuerdo tácito de la Contraloría General de la República, que podría auditar sus cuentas si así lo deseara, según Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Valga como precedente que ya lo había hecho en 2008, cuando fiscalizó los “gastos sociales” de la otra Entidad Binacional, Yacyretá.
Tampoco la mayoría parlamentaria está dispuesta a poner coto al manejo discrecional de fondos públicos allí reinante: en 2024, el Senado no dio curso a un proyecto de ley para que los “gastos sociales” de las entidades binacionales sean incorporados al Presupuesto General de la Nación y este año aplazó sine die el tratamiento de uno sobre los de Itaipú Binacional, que ascienden a unos 650 millones de dólares anuales. En lo que va de 2025, la Cámara de Diputados archivó una iniciativa que disponía lo mismo con respecto a ambas entidades binacionales, con el entendible voto de la líder de la bancada cartista, Rocío Abed, esposa de Justo Zacarías Irún, director general de lo que parece ser un enorme antro de corrupción. En la misma sesión y atentando contra la transparencia en el manejo de fondos públicos, rechazó un pedido de informes sobre la presunta pérdida de una suma equivalente a 209 millones de dólares, depositada en el Brasil, debido a la devaluación de su moneda.
Si el Presupuesto General de la Nación incluyera los “gastos sociales” de Itaipú Binacional, ya no cabrá la menor duda, por si hubiera alguna, de que la CGR debe verificar su ejecución ni de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas debe intervenir en los procesos licitatorios, a la que se está eludiendo olímpicamente, con la complicidad del Consejo de Administración, también integrado por representantes del propio Poder Ejecutivo: las licitaciones bien “orientadas” y las compras sobrefacturadas de la entidad binacional pueden así quedar impunes.
Está visto que el Congreso no tiene el menor interés en transparentar el uso de los “gastos sociales”, siendo por ende presumible que la oscuridad reinante en la materia sirva no solo para el beneficio personal de quienes orientan las licitaciones en cierto sentido. En efecto, no es descabellado suponer que, como afirmó la senadora Esperanza Martínez (FG), los referidos gastos son “la caja chica del Partido Colorado, especialmente del sector mayoritario”, asociación esta que recuerda lo dicho por Santiago Peña a funcionarios de Itaipú Binacional, en el sentido de que el carnet partidario sería más importante que un título académico.
Quienes prestan servicios en las entidades binacionales presentan sus declaraciones juradas de bienes y rentas a la CGR, la que puede objetarlas y, eventualmente, denunciar ante el Ministerio Público la presunta comisión de un delito. Esta facultad –nunca cuestionada– mal podría ser ejercida si el órgano contralor no pudiera echar un vistazo a las planillas de Itaipú Binacional, algo que sería imposible si tuviera un absurdo carácter extraterritorial. Es de lamentar que la mayoría de los congresistas crea que sí lo tiene, pese a que el propio tratado habla de la aplicación de las leyes nacionales respectivas en cuanto a responsabilidad civil y penal de sus miembros.
Según fuertes indicios, de lo que se trata es de que una fuente de copiosos ingresos ilícitos siga operando sin que el Congreso se inmiscuya, porque así lo quiere –paradójicamente– la mayoría de sus integrantes. Este tipo de situaciones suele llevar a que ciertos negociadores y directores sean tildados de antipatriotas, por renunciar a inalienables derechos que corresponden a nuestro país.