Cargando...
Gracias a mociones de preferencia presentadas por algunos diputados opositores, la Cámara de Diputados tiene previsto tratar el próximo martes un proyecto de ley que incorpora al Presupuesto General los fondos para “gastos sociales” asignados por las entidades binacionales, que hoy llegan a 670 millones de dólares en total, así como once pedidos de informes –también “cajoneados” por el cartismo– y diez proyectos de declaración. Una iniciativa referente a los gastos sociales financiados por Itaipú Binacional fue “cajoneada” en 2024 por el Senado, para que los aliados del Gobierno puedan emplear discrecionalmente elevadas sumas –como también lo hacían Gobiernos anteriores– sin rendir cuentas al Congreso ni a la Contraloría General de la República (CGR). Los directores generales y los consejeros paraguayos –los primeros nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado– no tienen la facultad de entregar recursos a organizaciones amigas para que hagan con ellos lo que quieran, convocar licitaciones fraudulentas o direccionarlas en el marco de una campaña electoral, entre otras frecuentes corruptelas.
Como las entidades binacionales no gozan de extraterritorialidad, el reciente escándalo de los pupitres chinos sobrefacturados y los oscuros procesos licitatorios en curso para comprar ambulancias y equipos de espionaje, con fondos de Itaipú Binacional, mal pueden escapar a los alcances de las leyes del país. El hecho de que las entidades binacionales de Yacyretá e Itaipú tengan tal carácter no implica que allí se pueda delinquir con toda impunidad. Los respectivos tratados dicen que la responsabilidad civil y penal de los consejeros, directores, directores adjuntos y demás funcionarios paraguayos o argentinos y brasileños por actos lesivos para los intereses de la entidad binacional será investigada y juzgada según las leyes nacionales respectivas. En otros términos, los compatriotas que prestan servicios en dichas instituciones no tienen carta blanca para hacer o dejar de hacer lo que se les ocurra.
Valga como antecedente que en 2003, la Corte Suprema de Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad del entonces director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Walter Reiser, contra su interpelación por parte de la Cámara Baja debido a la sobrefacturación de su sede asunceña; en 2009, un Tribunal de Apelación ratificó su condena a dos años de cárcel por el delito de lesión de confianza en perjuicio de esa entidad en la compra de un antivirus. Es de recordar que en 2008, la CGR fiscalizó especialmente los gastos sociales de la EBY, por primera y única vez.
La incorporación de los “gastos sociales” al Presupuesto nacional hará que la asignación de los fondos quede a cargo de quienes ejercen los Poderes Ejecutivo y Legislativo, legitimados por el voto popular; es presumible que conozcan mejor las necesidades sociales que unos pocos directores y consejeros bien apoltronados, que a nadie rinden cuentas: por lo demás, se confirmará que la CGR, encargada de verificar la ejecución y la liquidación del Presupuesto nacional, puede y debe controlar la ejecución y la liquidación de los “gastos sociales” y que ya no se podrá evitar que intervenga la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, aunque su jefe, Agustín Encina, siga creyendo que ningún órgano administrativo puede parar el proceso licitatorio de una entidad binacional. En cuanto a los pedidos de informes, esenciales para que el Congreso ejerza su función constitucional de control: si la mayoría cartista se había negado a tratarlos fue quizá porque incomodan al Gobierno, como el referido al probable conflicto de intereses derivado de la tenencia de bonos del Presidente de la República y de su intervención en la compra y venta de acciones y/o cuotas sociales en personas jurídicas reguladas por el Banco Central.
La falta de transparencia –con la complicidad de la mayoría parlamentaria– solo puede entenderse si hay mucho que ocultar; habrá que ver si en la sesión venidera, la Cámara de Diputados aprueba el importante proyecto de ley sobre los “gastos sociales” y los diversos pedidos de informes; no debe excluirse que una vez más se demore su tratamiento y que la inclusión en el orden del día solo haya apuntado a disimular la convicción de que quienes mandan prefieren manejar los asuntos públicos entre cuatro paredes, sobre todo cuando hay dinero en juego.