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Suponiendo que no haya habido una imprevisión culposa a la hora de diseñar el programa y que el número de alumnos a ser atendidos haya sido el correcto por estar actualizado el Registro Único del Estudiante de 2023, las firmas contratistas, que entre 2024 y 2027 habrán cobrado mil millones de dólares proveídos por el Tesoro Público y por el Fondo Nacional de Alimentación Escolar, incurrieron en “incumplimientos graves” de sus obligaciones, que deben ser sancionados incluso con la rescisión del contrato, según la CGR, que también objeta el “control deficiente”. Ese control deben ejercerlo el Ministerio de Desarrollo Social en la capital y en los departamentos de Presidente Hayes y Central y los respectivos gobernadores en el resto del país, a lo que suma que la CGR creó una plataforma especial para que la ciudadanía revele las fallas del programa, velando así por el buen destino del dinero público.
La Ley N° 5210/15 responsabiliza de la alimentación escolar “saludable y sostenible” a los niveles gubernativos nacional, departamental y municipal, conjuntamente con la sociedad civil; en febrero último, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas –presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar–, se ufanó de que solo había quince denuncias de alimentos no proveídos o en mal estado, pero el informe oficial antes referido da cuenta de una situación vergonzosa, de lo que se desprende que la ciudadanía, empezando por los docentes y por los padres de los alumnos, cuya salud está en juego, debe ser mucho más exigente. Es deseable que la comunidad educativa se movilice, pues si el aparato estatal siguiera cruzado de brazos como hasta hoy, tolerando “incumplimientos graves”, el almuerzo escolar continuaría siendo un fracaso rotundo; ella debería ser la más interesada en esta cuestión de suma importancia, que no debe dejarse en las exclusivas manos de ministros y funcionarios. Lo que se está revelando con el Hambre Cero es una expresión más de la indolencia y de la ineficacia tradicionales de la función pública, que se mantendrán en el “programa estrella” mientras los directamente interesados no alcen la voz.
La CGR señala que las mencionadas “irregularidades (...) comprometen la calidad nutricional y la salubridad de la alimentación, por lo que recomienda la aplicación de medidas correctivas inmediatas”; en otras palabras, está en juego nada menos que la salud de los educandos, de modo que el Consejo Nacional de Alimentación Escolar debe ocuparse cuanto antes de poner las cosas en su lugar: no puede escudarse en que los directores de las escuelas no informan de la insuficiencia, ni de la mala calidad de las raciones ni de la falta de equipos y de personal. Quienes suscribieron los contratos respectivos deben ocuparse de que los proveedores los cumplan como es debido. Santiago Peña llegó a afirmar con grandilocuencia que Hambre Cero es una “realidad que transformará la vida de los jóvenes y las nuevas generaciones”, pero por de pronto no hay el menor indicio de que esa metamorfosis esté en marcha.
La propaganda tiene patas cortas si no va acompañada de la eficiencia ni de la honradez en el manejo de la cosa pública; por si aún hacía falta, la CGR ha evidenciado la chapucería de un emprendimiento lleno de graves falencias que afectan las finanzas y la salud públicas: la decepcionante irresponsabilidad de sus gestores, por decir lo menos, ha implicado una burla cruel de la que es víctima la sociedad toda. El informe en cuestión exige que el Consejo Nacional de Alimentación Escolar actúe de inmediato en defensa del interés general, corrigiendo lo que aún pueda corregirse: almorzar lo suficiente y con comodidad en una escuela pública no debe conllevar riesgo alguno para la salud, siempre que los contratos se cumplan y se hagan cumplir, como es debido: una obviedad que en el aparato estatal se ignora por desidia, ineptitud o deshonestidad.