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El Gobierno argentino fijó unilateralmente una tarifa equivalente a apenas 10,25 dólares el megavatio/hora para las hidroeléctricas de Salto Grande, compartida con Uruguay, y de Yacyretá, compartida con Paraguay. Aunque aquí lo quisieron hacer pasar como una decisión interna que atañe exclusivamente al vecino país, lo que se desprende de la medida es que Argentina solo está dispuesta a “pagar” (entre comillas, porque tampoco paga, o lo hace a cuentagotas) hasta ese monto por retirar energía de la central “binacional”. El problema es que ello no alcanza ni para cubrir la mitad del costo de producción de la entidad, mucho menos si se incluyen las cargas financieras, lo cual viola el Tratado. Si nadie pone la diferencia, y no hay ningún indicio de que así sea, se viene una nueva ola de deuda espuria y se compromete aún más gravemente, si cabe, la sostenibilidad del problemático emprendimiento.
Los tratados de Yacyretá y de Itaipú son prácticamente calcados, para lo bueno y para lo malo. Ambos establecen que las respectivas entidades son sin fines de lucro, lo que significa que su tarifa debe reflejar estrictamente el precio de costo, ni más ni menos. Con la tarifa –que es lo que las entidades les cobran a las Altas Partes por la contratación de potencia, y su resultante en energía– se deben solventar todos los costos, sean de operación, de mantenimiento o de cualquier otro concepto, incluyendo el pago de las deudas.
En Itaipú, más allá de otras cuestiones lesivas para el Paraguay, esa disposición pétrea del Tratado se ha respetado casi siempre. Hubo un período, sin embargo, relativamente breve, en el que, en medio de una grave crisis económica en Brasil, se fijó ilegalmente una tarifa por debajo del costo, lo cual dio lugar a lo que se conoció como “deuda espuria”, calculada en unos 4.100 millones de dólares, que posteriormente se incluyó ilegítimamente en el pasivo total.
Pero lo que fue un episodio excepcional y sumamente polémico en Itaipú, ha sido una constante sistemática en Yacyretá, que es la razón por la cual, al cabo de cincuenta años, Itaipú ya ha cancelado su deuda, aun estando la misma groseramente inflada, mientras que la deuda de Yacyretá es un gran agujero negro que nadie sabe a cuánto asciende en realidad y que, en vez de disminuir, crece permanentemente.
Antes que resolverse, esta situación se va a profundizar mucho más si queda firme la tarifa totalmente irreal que anunció por su cuenta el Gobierno de Javier Milei mediante la resolución 143/2025 del 1 de abril. Ya hace más de treinta años, en la Nota Reversal de 1992, que no fue ratificada por Paraguay, se calculó que la tarifa de Yacyretá para cubrir sus costos y pagar su deuda debía ser de 51 dólares el MWh. Este valor nunca se cumplió. La Argentina últimamente venía pagando entre 16 y 17 dólares el MWh, dependiendo del tipo de cambio, mientras que la ANDE paga 22,63 dólares el MWh desde 1996, con el entendimiento tácito de que en algún momento se harán las consolidaciones de cuentas, cosa que nunca ha ocurrido.
Recientemente, el Ing. Ángel María Recalde, miembro del Consejo y exdirector paraguayo de la EBY, declaró que se estaba por formalizar con Argentina un “acuerdo provisorio” para ordenar las finanzas de la entidad, con una tarifa de 28 dólares el MWh, todavía muy por debajo de los 51 dólares supuestamente necesarios, pero un poco más cercana a la realidad.
Muy por el contrario, la tarifa unilateral dada a conocer por el Gobierno argentino, antes que acercarse al punto de equilibrio, se aleja mucho más. El monto de 10,25 dólares el MWh es casi cinco veces menor que el supuesto precio de costo de Yacyretá y, como referencia, es menos de la mitad de la tarifa de Itaipú, pese a que esta última ya está totalmente amortizada. Ni hablar frente al precio de mercado regional, que ronda los 100 dólares el MWh. Recordemos que Argentina ha consumido más del 92% de la energía de la EBY desde que comenzó a generar en 1994, y que el año pasado, pese a que Paraguay aumentó fuertemente su contratación, todavía se llevó el 70%.
Javier Milei realizó una sorpresiva visita al Paraguay. En la declaración conjunta no se menciona el tema Yacyretá, pero el ministro de Economía, Carlos Fernández, admitió que fue parte de las conversaciones. El Gobierno tiene la obligación de informar a la opinión pública cómo se aplicará la resolución argentina y, sobre todo, cómo y quién costeará la diferencia. Si eso no ocurre, se acrecentará exponencialmente el de por sí enorme pasivo espurio de la EBY por tarifa inferior al costo, en abierta contravención de lo dispuesto por el Tratado.