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En la causa penal abierta por el delito de lesión de confianza que se habría cometido en la ejecución del infausto proyecto del metrobús, el juez Humberto Otazú sobreseyó provisionalmente al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona y a la exviceministra de Administración y Finanzas Martha Morínigo, respondiendo a un pedido del propio Ministerio Público, que de un día para otro se desdijo de que el Estado había sufrido un daño patrimonial de 25 millones de dólares por el pago de 29 certificaciones de obras y solicitó que se dicte esa medida judicial, con el acuerdo de la Procuraduría General de la República, para proseguir las pesquisas iniciadas hace casi seis años. Es decir, los agentes fiscales Nathalia Silva, Yeimi Adle y Giovanni Grissetti, que habían ratificado la acusación formulada el 11 de abril de 2024 por su colega María Estefanía González, recularon, demostrando la tremenda irresponsabilidad del órgano dirigido por Emiliano Rolón, fiscal general del Estado. Si al cabo de tanto tiempo carecía de pruebas suficientes de la comisión del hecho punible, nunca debió haber acusado porque las obras inútiles se habrían iniciado sin existir un diseño final, sin haberse liberado las franjas de dominio y sin los permisos de las municipalidades de Asunción, Fernando de la Mora y San Lorenzo, entre otras omisiones señaladas.
El Ministerio Público tiene ahora un plazo máximo de un año para reunir los elementos de convicción que le faltarían para que no quede impune el posible enorme perjuicio causado al erario, al que se suma el sufrido por centenares de comerciantes y empleados que trabajaban a lo largo de la ruta Mariscal Estigarribia. El proyecto concebido bajo los gobiernos de Fernando Lugo y de Federico Franco nació con el gravísimo pecado original de que el metrobús iba a circular con gasolina en un país sin petróleo pero que se precia de ser el mayor exportador mundial de energía hidroeléctrica. El Gobierno de Horacio Cartes decidió que se moviera a gasoíl. Semejante disparate hacía temer que la iniciativa estaría signada por corruptelas varias, tanto que ya en julio de 2015 nuestro diario sostuvo que estaba en marcha un gran negociado, y que en mayo de 2018 el Ing. Hermann Pankow presentó una denuncia penal en el marco del escandaloso emprendimiento, que era avalado por el Banco Interamericano de Desarrollo y protagonizado por la firma portuguesa Mota-Engil contratada por el ministro Ramón Jiménez Gaona en marzo de 2016, a un costó que llegó a 403.900 millones de guaraníes, tras una adenda.
Las obras se iniciaron casi un año más tarde, sin haberse liberado las franjas de dominio, razón por la que un laudo arbitral condenó al Estado al pago de casi 17 millones de dólares, en diciembre de 2023. El hoy exministro procesado admitió en septiembre de 2019 que, en efecto, la palada inicial no tuvo que haberse dado antes de la desafectación. ¿No constituye esto al menos una grave negligencia? La pesquisa fiscal –insuficiente según dijo el Ministerio Público tras haber acusado– se fundó en diecisiete observaciones de la Contraloría General de la República, que cifró en 29 millones de dólares el daño infligido al erario debido a pagos con sobrecostos y por obras no realizadas, entre otras presuntas ilicitudes. Es mucho, pues, lo que aquí está en juego. Si existiera tan monumental pérdida señalada por la CGR, los hoy sobreseídos provisionalmente deberían más bien sufrir una pena privativa de libertad y reparar el perjuicio causado. Más allá del dinero público afectado, es de reiterar que el proyecto inconcluso también incidió gravemente en los ingresos de numerosas personas que hasta la fecha ni siquiera han recibido un resarcimiento moral. La Constitución dice que “toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuere objeto por parte del Estado”, en cuyo nombre actuó Ramón Jiménez Gaona.
Como el actual jefe de Estado, Santiago Peña, tildó de “revanchismo político” la rescisión del contrato con la firma portuguesa, efectuada recién en febrero de 2020, es presumible que estaba muy conforme con los resultados de su ejecución, solo por el hecho de haberse realizado bajo el Gobierno de su líder. Por de pronto, es necesario que el fiscal general del Estado inste a sus subordinados a ser mucho más diligentes para, entre otras cosas, evitar seguir haciendo el ridículo y despertar la sospecha de que apuntan a la impunidad, con su beneplácito.
Se trata de uno de los mayores escándalos de los últimos decenios en materia de obras públicas. Las negligencias y las defraudaciones perpetradas deben conllevar responsabilidades penales y civiles, como corresponde en un Estado de Derecho. Dado que las advertencias iniciales realizadas por la prensa y técnicos –porque a primera vista ya se podía notar que se trataba de un proyecto inviable– no surtieron efecto alguno, se espera al menos que los penosos resultados del insensato proyecto sean razón suficiente para que el peso de la ley caiga sobre quienes lo impulsaron a toda costa, sin atender el interés general sino presumiblemente el particular de muchos.
