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La Presidencia de la República anunció en un comunicado que Paraguay y Brasil fijaron para el 30 de mayo la firma de un nuevo Anexo C del Tratado de Itaipú, que establece las bases financieras y de prestación de servicios de la central hidroeléctrica. Según se lee, se llegó a ese plazo luego de una reunión encabezada por el presidente Santiago Peña, en la que participaron el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira; la secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, Maria Laura da Rocha; el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano; y el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez. Este último confesó a periodistas de ABC que no se va a modificar la figura de la “cesión”. Luego intentó desdecirse y, con otros agregados, terminó confesando lo mismo.
Javier Giménez, quien también es miembro del Consejo de Administración de la Entidad Binacional, funge de principal negociador y vocero de las tratativas con Brasil sobre Itaipú, por lo que no es una fuente más. Ya en varias ocasiones en el pasado hizo declaraciones de las que luego buscó retractarse y esta vez no fue la excepción. Cuando se le preguntó si el nuevo anexo eliminaría la obligación de Paraguay de cederle a Brasil sus excedentes, que es el punto central y la razón de ser de esta negociación, señaló que la cesión de energía sobrante continuará bajo los términos actuales. Literalmente, dijo que “la cesión de energía está en el Tratado, para eliminar eso hay que modificar el Tratado, esa es otra discusión aparte de esta, que es la del Anexo C”.
¡Pero por favor! La figura de la “cesión de energía” está establecida precisamente en el Anexo C, que es parte integral del Tratado de Itaipú. ¡Por supuesto que hay que modificar el Tratado, de eso justamente se trata! Desde el punto de vista paraguayo, no existe ninguna otra razón fundamental para renegociar el Anexo C que eliminar la cláusula por la cual Paraguay, durante más de cuarenta años, desde que Itaipú empezó a producir, y hasta el día de hoy, se ha visto obligado a prácticamente regalarle a Brasil sus excedentes energéticos por una “compensación” fija e ínfima.
Luego de la publicación respectiva, Giménez se comunicó con nuestro diario para asegurar que se lo había malinterpretado. Indicó que, para evitar confusiones, enviaría su explicación por escrito. Pero en el texto que remitió, antes que desmentir categóricamente que el Gobierno de Santiago Peña está a punto de entregar el interés nacional renunciando a la principal reivindicación paraguaya en Itaipú, ¡lo ratifica!
En el texto enviado subraya que en la negociación en marcha se contemplan tres opciones para el uso de la energía paraguaya sobrante: a) cesión al Brasil, b) venta directa al mercado brasileño, y c) contratación y uso de esa energía en Paraguay.
Para la opción “c” no se necesita renegociar el Anexo C ni cambiar absolutamente nada. Paraguay tiene y siempre ha tenido la opción de contratar toda la potencia que le pertenece. El problema es que el mercado eléctrico doméstico no puede absorber toda esa energía, por lo cual lo lógico (como hace, por ejemplo, un país petrolero que no consume todo su petróleo) es comercializar el remanente, que actualmente sigue siendo de alrededor de 20 millones de megavatios/hora al año, un volumen equivalente a todo el consumo nacional de electricidad. Si Paraguay pudiera utilizar toda su energía no haría falta ninguna negociación, pero, según los cálculos más optimistas, todavía restan al menos diez años para que eso pueda ser una realidad. Mientras tanto, si no se modifica el Anexo C en ese punto, nuestro país tendrá que seguir cediendo su energía al Brasil.
La opción “b” también es problemática y tampoco requiere ningún cambio profundo en el Tratado. Está bien que Paraguay pueda vender directamente sus excedentes en el desmonopolizado mercado mayorista brasileño, pero hay al menos tres inconvenientes. El primero es que no siempre Brasil es el que mejor paga en la región. De hecho, actualmente, el propio Brasil le está vendiendo a Argentina al doble de precio, ¿por qué Paraguay se tendría que atar y no poder buscar la oferta que más le convenga?
El segundo inconveniente es de orden práctico y realista. La ANDE hace casi un año inició la comercialización de un bloque de 100 megavatios de la central de Acaray en el mercado abierto brasileño y todavía no ha cerrado ni un trato, un proceso que en Brasil se hace online y dura no más de una mañana. Si con 100 MW ocurre esto, ya se imaginarán los lectores qué va a pasar cuando se tengan que comercializar 3.500 MW de Itaipú.
Y el tercer inconveniente es que, mientras Brasil siga teniendo la posibilidad de obtener la energía paraguaya cedida a muy bajo precio, sin competencia de terceros países, tendrá siempre el incentivo de poner cualquier traba, directa o tácita, sobre todo tratándose de altos volúmenes, para impedir que Paraguay se quede con la renta.
Por lo tanto, solo queda la opción “a”, que es continuar con la cesión hasta que Paraguay consuma toda su parte, que es exactamente lo que busca Brasil, seguramente dispuesto a realizar alguna pequeña concesión, que seguramente será presentada como “un logro histórico”. La ciudadanía no se tiene que dejar engañar. La renegociación del Anexo C es para que el Paraguay, como corresponde, obtenga la libre disponibilidad y el acceso al mejor precio de mercado por SU energía, ni más ni menos. Cualquier otra cosa es pura transada.
