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“Deporte, papá, otro día vamos a hablar de eso” fue la respuesta del presidente Santiago Peña a los medios de prensa tras ser consultado sobre la filtración de los mensajes del celular de Eulalio “Lalo” Gomes que suscitaron un gran escándalo por indicios de corrupción pública ligados al crimen organizado y que salpicó a miembros de su gabinete como la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, y su hermano, el ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz.
Esta insólita y evasiva respuesta del Presidente de la República no hizo más que generar dudas respecto de su verdadero compromiso con la patria y la democracia. En hechos como los conocidos a través de los mensajes entre el fallecido diputado Gomes e importantes autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial, se esperaba que el Presidente de la República asuma una postura política firme en favor de la justicia y la institucionalidad de la República y siente posiciones éticas que deben seguir los funcionarios a su cargo; pero su prolongado silencio inicial no pareció indecisión sino más bien complicidad.
Esta situación es grave y peligrosa para la República pues los involucrados en los mensajes son actualmente ministros del Ejecutivo y sus funciones son, principalmente, evitar el avance del crimen organizado y su consolidación como un factor de poder político y económico en el país. No es un buen mensaje para la ciudadanía que el día en que los chats entre Gomes y Marco Alcaraz son conocidos a través de los medios de comunicación, el presidente Peña lo tenga sentado a su lado en reunión de ministros.
La Secretaría Nacional de Inteligencia es una institución sumamente importante en la lucha contra el crimen organizado, pero su titular no puede continuar en el cargo hasta que aclare suficientemente cuáles fueron las “ayudas” que brindó a Gomes que lo hicieron merecedor de tantos regalos “premium” de parte del ex hombre fuerte del Amambay. El presidente Peña debe tomar medidas ejemplificadoras, aunque signifique sacrificar a su amigo para demostrar que no permitirá dudas sobre la integridad de los ministros que luchan contra la mafia.
Pero muy por el contrario a lo que se espera de un buen líder, en una reciente conferencia de prensa, Peña ratificó su apoyo a los ministros salpicados por presuntos hechos de corrupción diciendo que tanto Liliana como Marco Alcaraz gozan de su entera confianza, cuando lo que debiera importarle es que han perdido la confianza del pueblo paraguayo, según se desprende de numerosas manifestaciones públicas y en las redes sociales. No contento con esta postura, desconectada de la realidad del país, el Presidente trató de igualar a toda la ciudadanía con nuestros sospechados gobernantes, diciendo que la corrupción no es solo un problema de la clase política, sino que está inficionada en la sociedad paraguaya, en el sector público y privado, en las organizaciones sociales y en los medios de comunicación.
Lo que desconoce el Presidente, o por lo menos finge desconocer para generar confusión, es que los actos de corrupción son aquellos realizados por los funcionarios públicos, aquellos que manejan la cosa pública o que tienen la posibilidad de generar un beneficio privado a través de los bienes públicos o la influencia, como bien lo describe la Convención Interamericana contra la Corrupción ratificada por Paraguay.
El jefe de Estado también informó que convocó a una cumbre de poderes, es decir, entre el presidente del Congreso, el cartista Basilio “Bachi” Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel –también mencionado en los chats de Lalo Gomes–; el fiscal general, Emiliano Rolón, quien recientemente minimizó el escándalo suscitado tras la filtración de los chats; y el contralor general, Camilo Benítez. Según Peña, este “selecto” grupo de convocados analizará las estrategias para combatir la corrupción. ¿Quién de ellos tiene la autoridad suficiente para engalanarse como el paladín de la lucha contra ese flagelo?
Finalmente, es allí donde se puede coincidir con la famosa frase de Martin Luther King: “El silencio se convierte en traición cuando lo que está en juego es la justicia”. El Presidente de la República no puede seguir manteniéndose en silencio y mucho menos respaldar la más mínima sospecha de corrupción, ni dentro de su gabinete ni en ningún otro poder del Estado. Caso contrario, se convierte en cómplice.
