Cargando...
Los gobiernos nacionales se suceden, pero el Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene la odiosa costumbre de maltratar a los pacientes que pagan sus aportes y a quienes lo hicieron durante gran parte de su vida y ahora tienen derecho a disfrutar de sus jubilaciones y pensiones. Pero unos y otros sufren la falta de medicamentos, de insumos, de turnos o de especialistas; hasta corren el riesgo de perder una pierna amputada por error, pero todo sigue igual como si fueran incorregibles la ineficacia, el derroche y la corrupción, que mucho tienen que ver con que hoy adeude centenares de millones de dólares, sobre todo a las firmas proveedoras de fármacos. Si a todo ello se agrega la insensibilidad como “atributo” del ente, no se estaría muy desacertado, después de observar en los últimos días a los ancianos jubilados formando largas filas bajo el intenso frío, para hacer constar que siguen vivos y poder cobrar lo que les corresponde.
Llamativamente, mientras las autoridades de la previsional se ponen estrictas en exigir la presencia de los jubilados, continúa allí sin pausas el latrocinio mediante el pago ilícito de las jubilaciones y pensiones, según se desprende de un informe de la Contraloría General de la República (CGR), según el cual, en los ejercicios fiscales 2022 y 2023, el IPS habría abonado en tal concepto 2.745 millones de guaraníes a personas ya fallecidas, debido a “inconsistencias en los registros de fallecimientos” y a la demora en la “identificación y suspensión de los pagos”. ¡Increíble! Las erogaciones se hicieron en forma continua e inadvertida, según el ente contralor, que subrayó serias deficiencias en los controles internos. Por lo visto, ni la Auditoría Interna del IPS ni los síndicos asignados allí por la CGR habían advertido el cuantioso fraude perpetrado a lo largo del tiempo. Pero, más que nada, pareciera que la corrupción está en el mismo ADN del IPS, pese a que en su Consejo de Administración tienen sus representantes las entidades empresariales, los gremios de trabajadores y los jubilados. Pero a estos parece no importarles lo que sufren sus representados sino sus cómodas poltronas y sus jugosos salarios.
Se estima que la entidad previsional, que suele realizar costosas y dudosas licitaciones de programas y equipos informáticos, pudo haber realizado un permanente control cruzado con la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, por ejemplo, para detectar “inconsistencias”, lo que quizá habría impedido que se delinquiera en gran escala. Estallado el escándalo, el Consejo de Administración anunció que “para el control de sobrevivencia seguirán siendo realizados los cruces e intercambios de información contenidos en bases de organismos oficiales (...) así como las bases de datos institucionales”, aparte de visitas domiciliarias aleatorias y de informes pedidos a entidades bancarias contratadas para el pago de haberes. Por lo menos, la “suspensión temporal de la fe de vida de los jubilados y pensionados” seguirá en vigor hasta que “se encuentre operativa la solución tecnológica tendiente a la validación de la sobrevivencia”, lo que no ocurrirá antes del próximo 1 de noviembre, según informó el IPS.
Todas las circunstancias mencionadas, derivadas a todas luces de la ineficiencia, la falta de interés y, con toda probabilidad, de la corrupción que campea en el ente, debería ser suficiente por lo menos para evitarles mayores sufrimientos a los aportantes, en este caso de jubilados y pensionados, en su mayor parte ya ancianos, obligados a peregrinar a los locales asignados para dar fe de que siguen vivos, donde en la mayoría de los casos deben esperar por horas sin siquiera una silla para descansar. Ya es suficiente con que tengan que soportar la falta de turnos, la escasez de medicamentos y, como se denuncia, que fallecidos continúen cobrando de la mano de funcionarios sinvergüenzas mientras los sobrevivientes deben peregrinar para demostrar que siguen vivos.
Si de buenas a primeras se debe señalar a los miembros del Consejo de Administración –que preside Jorge Magno Brítez– especialmente responsables de la situación, están Víctor Insfrán Dietrich (representante de los trabajadores), José Jara Rojas (de los jubilados y pensionados) y José Emilio Argaña (del empresariado), por supuesto, sin restarles responsabilidad a Aníbal Manuel de los Ríos (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social) y Carlos Alberto Pereira (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social). Es hora de exigirles que cumplan con su deber para justificar sus voluminosos salarios y beneficios.