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Peña lanzó al aire su afirmación sin precisar a qué se refería, pero aparentemente hacía alusión a la reducción de la tarifa de Itaipú a partir de 2022. En realidad, esto no debería ser motivo de ninguna polémica porque Itaipú es una entidad sin fines de lucro, por lo que su tarifa –que es la que le cobra tanto a la ANDE como a la compañía eléctrica estatal brasileña por la contratación de potencia y retiro de energía– debe ser exactamente la necesaria para cubrir sus costos básicos, ni un dólar más, ni un dólar menos. El tema es que se hizo costumbre agregar un monto de “gastos sociales” para que los gobernantes de ambas márgenes (sobre todo los de Paraguay, porque para Brasil la cifra es prácticamente insignificante) pudieran utilizarlos discrecionalmente a su antojo.
Como uno de los mayores componentes de los costos de Itaipú fue históricamente el servicio de su astronómica deuda, al ir esta disminuyendo con el tiempo hasta quedar cancelada en febrero de 2023, es lógico que también fuera disminuyendo la tarifa, que pasó de 22,60 dólares el kilovatio/mes en 2021 a 20,75 dólares el KWmes en 2022 y 16,71 dólares en 2023, en medio de no pocas desavenencias e, incluso, de reducciones unilaterales por parte de Brasil, que se aferró estrictamente a lo establecido en el Tratado.
Si la tarifa se mantenía en 22,60, pero con costos básicos mucho menores, obviamente iba a ser mucho mayor también el margen para “gastos sociales”. Supuestamente de ahí podría salir la cifra de 1.000 millones de dólares que mencionó Santiago Peña, aunque no lo sabemos, porque no lo especificó.
Sin embargo, independientemente de si ello hubiera sido legal o no, que el Presidente de la República insinúe públicamente que ello se hizo en base a acuerdos secretos con Brasil en detrimento del Paraguay implica una imputación sumamente grave no solamente contra su antecesor, Mario Abdo Benítez, sino también contra las autoridades brasileñas presuntamente involucradas en el complot y, de paso, también contra el propio titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, quien es miembro del Consejo de Administración de Itaipú desde el 21 de septiembre de 2020.
El Presidente tiene la obligación de aclarar esto, como también las muchas contradicciones que han surgido en relación con el acuerdo al que llegó él mismo con Brasil el 16 de abril. El país vecino aceptó elevar la tarifa de 16,71 a 19,28 dólares el KWmes hasta 2027, tras lo cual se estableció que la misma “reflejará únicamente el costo estricto de la entidad binacional”. Ello le permitirá a este gobierno contar por tres años (prácticamente hasta el término de su mandato) con alrededor de 200 millones de dólares adicionales de “gastos sociales” al año, unos 500 millones anuales en total según los cálculos más realistas, tras lo cual se acabarán definitivamente.
El Gobierno se jacta mucho de este “logro”, pese a que el 35% de esa diferencia, con tendencia creciente, la tendrá que pagar la ANDE o, más propiamente, los consumidores paraguayos de electricidad. Pero, además de eso, lo que hasta ahora no se sabe es a cambio de qué. Un monto temporal por diferencia de tarifa que representa el 3% del presupuesto nacional paraguayo está muy lejos de ser un objetivo estratégico en Itaipú, donde Paraguay todavía tiene 20 millones de megavatios/hora anuales de excedentes que se ve obligado a ceder al Brasil por un precio muy inferior a su valor hasta tanto se renegocien los términos del Anexo C del Tratado. Seguir contando con esa energía a bajo precio es el verdadero interés de Brasil y es impensable que ello no haya estado en las conversaciones, pero nada de eso ha salido a luz y el tema solo tangencial y ambiguamente se menciona en el acuerdo.
Por lo tanto, hay muchos “secretos” todavía que dilucidar en Itaipú. El Presidente de la República dijo saber de ellos, por lo que debe exponerlos sin demoras ante la opinión pública paraguaya si no quiere que, a los apelativos que ya le ha endilgado la ciudadanía, se le agregue el de completo charlatán, si no algo peor.