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En un ataque de “sincericidio”, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez García de Zúñiga, dijo que los llamados gastos sociales no estaban previstos ni concebidos en el Tratado de Itaipú y que “en algún momento la tarifa se politizó”, cuando los países sintieron “el gustito, la dulzura” de contar con esos fondos extra, supuestamente para invertir en políticas públicas, aunque él mismo reconoce que “se puede discutir dónde y cómo se utilizó el dinero”. Para decirlo sin eufemismos, los “gastos sociales”, así como los altos salarios y beneficios totalmente alejados de la realidad, más los jugosos contratos y la tolerancia a la corrupción, han sido lisa y llanamente sobornos del Brasil para asegurarse a lo largo de todas estas décadas la parte del león del aprovechamiento del potencial energético del río Paraná en detrimento del Paraguay.
Es curioso que Giménez lo mencione de esa manera, porque, ya cancelada la deuda y por fin cumplido el plazo para la revisión de los términos de la sociedad binacional, esta administración ha apostado todas sus cartas a seguir manteniendo la tarifa de Itaipú por encima del costo básico, justamente para continuar sintiendo “el gustito, la dulzura” de unos fondos que se manejan como una gran caja chica para uso y repartija discrecionales de los gobiernos de turno. Gobiernos, dicho sea de paso, que han pertenecido al mismo signo político en 46 de los 51 años que lleva de vigencia el Tratado, si bien es preciso señalar que los otros, algunos de cuyos exponentes ahora se rasgan las vestiduras de manera oportunista, tampoco renunciaron a esas mieles cuando les tocó la oportunidad.
Giménez quiso dar a entender que ambos países se dividieron esas diferencias tarifarias para mutuo beneficio, pero no es así y la razón es muy sencilla. Mientras esos fondos sociales, de 200, 300, ahora quizás 500 millones de dólares anuales, son significativos para los privilegiados en el entorno del poder en Paraguay, para Brasil son directamente insignificantes. Literalmente, representan pequeñas centésimas porcentuales de su presupuesto público, y ni hablar de su producto interno bruto. La única y exclusiva razón por la cual Brasil ha permitido tales diferencias al margen de lo estrictamente establecido en el Tratado ha sido para “consentir” a la parte paraguaya, obviamente a cambio de neutralizar los justos reclamos nacionales y mantener las condiciones principales, que le son ampliamente favorables.
Lo mismo con los salarios y bonificaciones, sobre todo los de la plana mayor y media, por lo general reservados para premios políticos y compra de lealtades. En Paraguay se suele insistir en que se trata de un asunto de supuesta “reciprocidad” y hasta, insólitamente, se lo presenta como una cuestión “patriótica”, por exigir un “trato igualitario”. En primer lugar, es falso, porque, por ejemplo, los consejeros paraguayos ganan más del doble que los brasileños. En segundo lugar, el patriotismo en Itaipú debe consistir en reivindicar con firmeza los legítimos intereses de todos los paraguayos, no en conseguir buenos sueldos para algunos que, por supuesto, no exhiben ninguna inclinación a arriesgar sus puestos para que las cosas cambien.
Asimismo, como todos sabemos, Itaipú ha sido fuente de grandes fortunas y beneficios particulares en Paraguay, muy a menudo con contratos sobrefacturados hasta niveles increíbles, ante lo cual Brasil siempre ha hecho la vista gorda con el doble propósito de soslayar su propia cuota de corrupción y, no menos relevante, de granjearse el favor de activos defensores entre personas y sectores importantes del país.
El objetivo inicial de Brasil para hacer Itaipú era quedarse con el 80% y que Paraguay se conformase con una participación minoritaria del 20%. Finalmente terminó aceptando una relación de 50/50, pero solo formalmente. En la práctica consiguió exactamente lo que quería (de hecho, al día de hoy el aprovechamiento es del 85/15), mediante su conocida astucia diplomática y con un hábil balance de presión mezclada con compensaciones a gobernantes, políticos, técnicos, empresarios contratistas, tomadores de decisión y diversos grupos de la sociedad civil en Paraguay.
¿Cómo se entiende, si no, que siendo Paraguay dueño de la mitad de dos de las más grandes centrales hidroeléctricas del mundo, apenas el 18% de la matriz energética nacional sea eléctrica? En estos 40 años desde que se puso en operación la primera turbina de Itaipú, ¿qué han hecho los gobiernos, los directores y consejeros, el monopolio de la ANDE para poner al país en condiciones de usufructuar al máximo su mayor riqueza? La única explicación es que Brasil necesitaba la energía de Itaipú y, para ello, debía hacer todo a su alcance para que Paraguay no utilizase la porción que le correspondía ni cobrara un precio de mercado por sus excedentes.
El acuerdo con Brasil sobre la tarifa permite contar con fondos sociales hasta 2027, que es prácticamente hasta el final del mandato de Santiago Peña. Resta saber si no se trata de otra de las típicas pequeñas concesiones (léase sobornos) del Brasil para sacar provecho en lo que verdaderamente le interesa.