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Todo aniversario de la independencia nacional es una buena ocasión para reflexionar acerca del estado en que se halla el país. Es lo que hizo el gobernador-intendente Pedro Melo de Portugal en la segunda mitad del siglo XVIII, antes de escribirle al rey español que el Paraguay necesitaba una “redención” de sus penurias. Esa redención, gestada desde el punto de vista político en la noche del 14 al 15 de mayo de 1811, sigue siendo necesaria en otros sentidos: ya no se trata de liberarse del yugo de una corona extranjera, sino de quitarse de encima las pesadísimas cargas relacionadas con la corrupción, el autoritarismo en ciernes, la inseguridad y, no por último, la inserción del crimen organizado.
Lo peor que puede ocurrir es que la ciudadanía acabe por habituarse a esas calamidades que atentan –directa o indirectamente– contra la vida, la libertad y los bienes de quienes pueblan un territorio mucho menos castigado por los desastres naturales que por la ruindad, la ineptitud y deshonestidad de sus autoridades nacionales, departamentales y municipales, empezando por las de elección popular. Si bajo la dictadura el contrabando habría sido “el precio de la paz”, hoy sería intolerable que lo fuera el latrocinio feroz, cometido a menudo de acuerdo con “empresarios” privados que intervienen en contrataciones públicas amañadas, mientras se permite, por ejemplo, que los del transporte de pasajeros chantajeen con toda impunidad.
Entre las variantes de la corrupción se hallan el prebendarismo puro y duro, la incorporación de parientes cercanos de ciertos legisladores y otros altos personajes en el Presupuesto de ambas Cámaras y otros cargos públicos, o hasta la compraventa de votos, a la que el expresidente Mario Abdo Benítez aludió siendo senador. Esas calamidades le tienen sin cuidado a la mayoría de los congresistas, según surge de que la Cámara Baja haya aprobado un proyecto de ley sobre la “devolución premiada” de lo robado al erario, lo que bien puede interpretarse como un gran estímulo para la delincuencia: según el proponente, el cuestionado diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista), los corruptos solo cometerían un “error”. Aunque la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, lanzada en noviembre tras una Cumbre de Poderes, no lo considere así, lo cierto es que hasta hoy no hay signos claros de que la inmundicia esté empezando a eliminarse, sino todo lo contrario.
Son muchos los que ya “están mejor” a costa del interés general, sin más méritos que el de haber apoyado a la fórmula ganadora en abril de 2023: nada importan la aptitud ni la necesidad de ocupar un cargo, de modo que el superpoblado aparato estatal sigue siendo tan ineficiente como siempre. Se roba y se derrocha a costa de la sanidad, la educación pública, las obras viales e incluso la seguridad interna: nadie ignora que la Policía Nacional está profundamente contaminada, incluso quizá por el crimen organizado que, según se ha dicho más de una vez, ha penetrado en todas las instituciones, sin que hasta la fecha se tengan noticias de alguna operación tendiente tan solo a depurar una de ellas.
El Paraguay ya no es solo un país de tránsito de cocaína, sino también uno en el que se produce la variante del crack, cuyo consumo ya causa estragos en las grandes zonas urbanas, sobre todo en la juventud. Los atracos cada vez más elaborados y violentos, con el empleo de armas largas, dan cuenta de que la mafia está capacitando a sus “soldados”, dentro y fuera de las cárceles que controlan. Podemos preciarnos de que, pese a tantos infortunios, aún se mantenga el sistema democrático, amenazado más de una vez desde 1989. Ahora resulta que, según las apariencias, cierto poder fáctico está controlando no solo el Ejecutivo, sino también el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La independencia del Poder Judicial es ficticia.
La arbitrariedad que supuso la expulsión de la exsenadora Kattya González y la insólita revocación del desafuero de los senadores Hernán Rivas (ANR, cartista) y Erico Galeano (ANR, cartista), dejada sin efecto tras el repudio ciudadano, son indicios de que tras bambalinas se pretende forzar la Constitución y manejar las instituciones a gusto y paladar. Ahora corresponde que los paraguayos se independicen de los reyes sin corona, ejerciendo sus derechos políticos dentro del marco de la ley, para impedir que se imponga una dictadura de hecho, con la complicidad del silencio y la obsecuencia: el dinero no debe poderlo todo en un país de gente digna, que valora la honestidad, la idoneidad y el trabajo.
De lo que se trata es de impedir que se forjen cadenas, guardando ciertas formalidades, como lo hizo el último autócrata, el dictador Alfredo Stroessner, que dispuso de una Constitución, un Congreso y una judicatura a medida.
“Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad”, dice el himno: es bueno recordarlo, en homenaje a los Próceres de Mayo, que buscaron un Paraguay libre. Los males que hoy lo afectan no son incurables; todo depende de que sus hijos estén dispuestos a erradicarlos, interviniendo en los asuntos públicos, que no son patrimonio exclusivo de los sinvergüenzas de turno. Los lastres que frenan al país deben ser erradicados.