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El desastroso transporte público de pasajeros de la Gran Asunción, subsidiado a costa de los contribuyentes de todo el país y distinguido por el habitual chantaje impune de las “reguladas” de los transportistas, es uno de esos dramas nacionales que se perpetúan debido a la corrupción y a la ineficacia estatales. No se trata de que falten normas para regular alguna cuestión de interés general, sino de que las vigentes son letra muerta porque no se cumplen ni se hacen cumplir, sin que los responsables en uno u otro sentido reciban la condigna sanción. Un buen ejemplo de lo antedicho es la Ley N° 5230/14, “que establece el cobro electrónico del pasaje del transporte público” para todos los usuarios del país, pero que de hecho solo rige –a medias– en el área metropolitana de la capital y en Ciudad del Este.
En efecto, pasó una década y el Viceministerio de Transporte no ha querido o no ha podido ejecutar la norma legal vigente a plenitud, pese a que el sistema debía implementarse en dos años en las ciudades o regiones metropolitanas con más de cien mil habitantes, plazo que se extendía a cinco años para el resto del país. Las empresas que “por cualquier motivo” no implementaran el sistema previsto debían ser punidas con la cancelación de sus permisos o la rescisión de sus contratos: no se conoce un solo caso de castigo. El billetaje electrónico apuntaba, en primer lugar, a proveer al Estado y a las empresas concesionarias datos ciertos sobre el número de buses y de pasajeros transportados, para conocer la facturación real de cada una de ellas por vehículo, hora, día y mes. Debería haber servido de base para determinar “las políticas tarifarias” y por ende el monto del subsidio, pero esta es la hora en que el sistema solo funciona en una pequeña parte del país, con notorias deficiencias en la Gran Asunción, hasta el punto de que un chofer fue sorprendido hace un año validando pasajes en su vehículo, para falsear datos y aumentar así el subsidio.
Pero la cuestión va mucho más allá de fechorías como esa: tiene que ver también –y sobre todo– con la opacidad del sistema, aunque la ley citada hable de “dotar de transparencia, comodidad, simplicidad, exactitud y celeridad al cobro del pasaje”. Resulta que el líder del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, está vinculado con la Empresa Paraguaya de Servicios SA (Epas), la operadora de billetaje electrónico que controla el 70% del mercado y entrega al Viceministerio de Transporte la mayor parte de la información esencial para que fije la tarifa y, por extensión, la cuantía del subsidio. Esto implica que Cetrapam es en gran medida juez y parte, sin que la autoridad competente advierta un conflicto de intereses.
Más aún, la Epas pertenece a la firma de programas operativos Pronet SA, que no fue ajena el exjefe de Estado Horacio Cartes, el mismo que en 2017 decretó que, sin previa licitación pública, más de una empresa privada pueda generar, administrar y brindar la información requerida para el cobro electrónico del pasaje. Ni la Epas ni Technologies Development Paraguay SA, también operadora del sistema y dirigida por Álvaro Wasmosy, entregan a los alumnos de la educación pública inicial, básica y media, la tarjeta que les permita pagar medio pasaje durante el año lectivo, aunque la Ley N° 2507/06, que establece el boleto estudiantil, penalice su inobservancia con multas de hasta treinta jornales mínimos, a ser aplicadas por un Consejo de Emisión del Boleto Estudiantil, presidido por un funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias, de cuya existencia poco o nada se sabe, al cabo de dieciocho años.
Si no tiene vigencia efectiva una normativa de tan larga data, tampoco la tiene la promulgada hace “solo” cuatro años: la Ley N° 6556/20, “que exonera a las personas con discapacidad del pago del pasaje en el transporte colectivo terrestre” es letra muerta, porque los beneficiarios, que deben tener un certificado de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, no reciben la obligatoria tarjeta electrónica. Los legisladores quedaron con la conciencia tranquila una vez que sancionaron una ley que promovería el bien común; el hecho de que el respectivo órgano de aplicación, como el Viceministerio de Transporte, no cumpla con su deber de aplicarla, les tiene tan sin cuidado como al Poder Ejecutivo.
El profundo abismo entre el país “legal” y el real es uno de los graves problemas nacionales, que obliga a la gente a movilizarse simplemente para que las reglas del juego promulgadas tengan validez en la práctica. No es mucho pedir, como no lo es, sin duda, exigir que el cobro del pasaje electrónico funcione como es debido en todo el país, que los alumnos de la educación pública paguen la mitad de la tarifa y que las personas con discapacidad sean exoneradas. Por supuesto, tampoco es absurdo demandar que quienes cobran un subsidio no sean los mismos que entregan a la autoridad competente los datos necesarios para determinarlo: no está de más recordar que la “adquisición fraudulenta de subvenciones” es un hecho punible castigado con hasta cinco años de cárcel o con multa.