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Los últimos egresados de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), cuyos estudiantes movilizados bajo el lema “UNA no te calles” lograron en 2015 la renuncia del rector Froilán Peralta y su ulterior condena a tres años de cárcel por el delito de lesión de confianza, creyeron oportuno que su promoción sea apadrinada por Jorge Bogarín Alfonso, cuyo desempeño como miembro del Consejo de la Magistratura y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solo puede calificarse de vergonzoso.
Por tal desatinado padrinazgo, recibió de la rectora Zully Vera de Molinas un diploma de honor al mérito, lo que induce a preguntarse en qué habría consistido el suyo, pues su historial en la función pública lo desmiente con claridad. En 2020, los abogados lo eligieron para integrar el Consejo de la Magistratura (CM); tres años después publicó en su perfil de miembro de dicho órgano una foto en la que aparece con su protegido Marco Aurelio González, que apuntaba a la Corte Suprema de Justicia, y con el exdiputado por la ANR Juan Carlos Ozorio, hoy acusado por lavado de activos del narcotráfico y asociación criminal, con el que compartía “los mismos principios de solidaridad y compromiso social”, según se leía al pie de la imagen que se mantenía en su cuenta de Instagram incluso tras el Operativo A Ultranza PY que involucró de lleno al exlegislador.
En cuanto a Marco Aurelio González –gerente con permiso de la Unidad Jurídica del Banco Central– candidato a la Corte, recibió el voto de Bogarín Alfonso, aunque el proceso se suspendió por sospecha de fraude. Este último olvidó que la ley ordena a los miembros del Consejo de la Magistratura que se excusen cuando estén comprendidos con un candidato en cualquiera de las causales previstas en el Código Procesal Civil, entre las que figuran la “amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato” y otras que le obligan a no enjuiciar por “motivos graves de decoro o delicadeza”. Al no excusarse, Bogarín Alfonso ignoró la ley y la moral, para complacencia de quien fue su jefe de campaña cuando fue electo miembro del CM. Bien pudo haber sido destituido por tal razón, vía juicio político, pero llegó a ejercer la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
En cuanto a su calificación de “significativamente corrupto”, hecha por el Gobierno de los Estados Unidos: si bien es cierto que no debería afectarlo en sus derechos y obligaciones en nuestro país, tan grave acusación a un alto funcionario paraguayo por parte de un país que es potencia mundial, al menos debería llamar la atención a los organismos de la Justicia paraguaya y por lo menos debería haber constituido un toque de alerta para jóvenes que se prepararon para la vida profesional y que lo eligieron como padrino de su acto de graduación. No habríamos esperado necesariamente que repudien al exmiembro del CM y del JEM, pero sí que mantuvieran distancias con respecto a él, hasta que limpie su nombre de los graves hechos que se le atribuyen.
Como parte de su currículum, puede recordarse también que Bogarín Alfonso logró su reelección como presidente del JEM, pese a que la ley pertinente prohibía que ello ocurriera en periodos consecutivos. Se vio obligado a pedir permiso, ante el repudio generalizado y su calificación de “significativamente corrupto” por parte del Gobierno estadounidense, debido a presuntas maquinaciones para destituir al agente fiscal Jorge López Lohman, que se había atrevido a imputar a un amigo suyo, funcionario judicial. Además, para coronar sus lamentables antecedentes, la Contraloría General de la República denunció ante el Ministerio Público inconsistencias en las declaraciones juradas de bienes y rentas de los esposos Jorge Bogarín Alfonso y Karen Leticia González, que tendrían que ver con la justificación de más de dos mil millones de guaraníes depositados en cuentas de ahorro. Se ignoran las actuaciones ya emprendidas al respecto por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Este somero repaso de las andanzas en el CM y en el JEM del padrino de unos nuevos licenciados en Ciencias Políticas llevan a la penosa conclusión de que precisamente a unos “politólogos” no les importa mucho que la ley y la moral imperen en la función pública. Por lo visto, se sienten muy honrados de haber recibido las sabias enseñanzas de un “significativamente corrupto”, que se luce sin tapujos con un procesado por graves hechos punibles, que no se abstiene de votar por un amigo y exjefe de su campaña electoral para representar a los abogados en el CM, y que tiene dificultades para explicar el origen de una suma multimillonaria. A este paso, poca esperanza podemos tener en quienes nos hacen recordar a la “tierna podredumbre” de la época del dictador Stroessner.