Itaipú, muy dadivosa en tiempos electorales

El recurso habitual para prevenir la corrupción, que consiste en acentuar los controles internos aumentando los trámites administrativos, puede tener el efecto no querido de fomentar el soborno para que ellos concluyan con rapidez. Un remedio más radical –aplicado en nuestro país desde hace un par de décadas– es el de “tercerizar” la ejecución presupuestaria, recurriendo a las organizaciones no gubernamentales (ONG) o sin fines de lucro: hasta hoy, los resultados son decepcionantes, dados los contubernios entre ladrones de los sectores público y privado, incluso con la participación de prestanombres. Para concluir que el modelo está resultando inútil, basta con recordar los pozos de agua abiertos por encargo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y las malversaciones cometidas en el departamento Central, entre otros, durante la emergencia sanitaria.

Cargando...

Tampoco las entidades binacionales escaparían a la manipulación artera, según surge de dos casos de no larga data acaecidos en Itaipú Binacional. Uno de ellos tiene que ver con la construcción de empedrados en localidades de la Región Oriental, a un costo de 14.343 millones de guaraníes, pedidos a la entidad por la ONG Asociación Nuevo Horizonte, el 17 de noviembre de 2022, dos meses después de que sus representantes Víctor Pereira y Cintia Alfonso hayan sido sobreseídos provisionalmente en un proceso penal por la producción de documentos no auténticos en el cumplimiento de un acuerdo con el Indert: la causa sigue abierta. El respectivo convenio de dieciocho meses fue firmado el 5 de diciembre, sin que la apresurada financista contara con datos tan elementales como las ciudades a ser beneficiadas y los metros cuadrados a ser pavimentados; el 70% de los fondos solicitados ya fue transferido a inicios de marzo, ascendiendo la contrapartida de la ONG a la suma de 189 millones de guaraníes, equivalente al 1,3% de la suma generosamente comprometida. La solemne “palada inicial” se dio el 28 de marzo, en una calle sanlorenzana, tras la aprobación del proyecto ejecutivo al respecto, por parte de Itaipú Binacional; ahora restaría elaborar el correspondiente a cada una de las otras ciudades a ser favorecidas.

Si fue censurable la suma ligereza con que aquí actuó dicha entidad, la cuestión resultó más grave en el caso de la apertura de 46 pozos artesianos en quince municipios del Alto Paraná, cuya ejecución empezó el 29 de setiembre de 2022, en virtud de un acuerdo con la Agencia de Desarrollo e Integración de la Región de Itaipú (Adiri), representada por Marilene Sguarizi. El proyecto aún en marcha –financiado por Itaipú Binacional con 22.407.568.000 guaraníes– prevé que los pozos sean construidos por Hidrogeom Perforaciones SA, a un costo unitario de 447 millones de guaraníes, equivalente a casi el doble del de los pozos construidos por la misma empresa por encargo de la Municipalidad de Ciudad del Este.

El director de Coordinación de la entidad, Gustavo Ovelar, alegó que las estipulaciones contractuales corrieron a cargo de la Adiri, limitándose Itaipú Binacional a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. También se lavó las manos con respecto a que uno de los accionistas de la firma constructora sea Tito Livio Ramírez, apartado de la jefatura del Departamento de Embalse y Áreas Protegidas, una vez develado el escándalo: el citado director adujo que de la adjudicación del contrato se encargó la ONG. De hecho, pues, la entidad binacional habría ignorado que estaba tratando indirectamente con uno de sus funcionarios, aunque el mismo figuraba en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como representante de la firma presidida por su esposa. Desde luego, habrá tenido mucho interés, desde un principio, en que el jugoso proyecto llegue a sus manos, gracias a la ceguera culposa de la entidad que aún integra. Ante una presunta colusión para causarle un daño patrimonial, se hace necesario que el Ministerio Público actúe de oficio cuanto antes, sin aguardar las conclusiones de un eventual sumario administrativo abierto por la damnificada.

No está de más apuntar que Itaipú Binacional puede ser muy dadivosa en función del calendario electoral y que los pozos artesianos sirvieron para la propaganda antes de los últimos comicios internos de la ANR. Tampoco huelga señalar que el director ejecutivo paraguayo, Manuel María Cáceres, y los miembros compatriotas del Consejo de Administración de la entidad –Ángel Aquino, Arnoldo Wiens, Gerardo Blanco, Félix Sosa, María Antonia Gwynn, Víctor González y Rosanna Cramer– deben ser mucho más cuidadosos a la hora de aprobar y firmar convenios con cualquier ONG, esto es, tienen que informarse como es debido de sus antecedentes, de los costos razonables de unos proyectos detallados y de la composición de las empresas contratistas, entre otras cosas: no es mucho pedir para evitar malversaciones o deslindar responsabilidades cuando se revelen las corruptelas perpetradas consuetudinariamente en Itaipú Binacional.

Enlance copiado
Content ...
Cargando...Cargando ...