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Verri dijo que las negociaciones comenzarán en agosto y que él estima que durarán por lo menos un año. En cuanto a lo primero hay poco que se pueda objetar, pese a que a Paraguay le convendría iniciar las conversaciones lo antes posible. Por un lado, es entendible que Brasil quiera tratar ya con las nuevas autoridades surgidas de las próximas elecciones y, en rigor, solo en agosto se cumple el plazo establecido en el Anexo C para su reconsideración. Por el otro, sin embargo, no deja de ser una señal de que Brasil quiere prolongar lo más que pueda la situación actual, que le es sumamente beneficiosa.
Lo mismo en cuanto a lo segundo, con un agregado extra. Un año es un lapso relativamente largo para una negociación en la que, en realidad, no hay mucho que negociar. El punto central es que el Anexo C impide a Paraguay vender su energía a un precio justo, tan simple como eso. El argumento utilizado en su momento fue la alegada incapacidad financiera de nuestro país para hacerse cargo de su parte de la deuda por la construcción de la central y para asegurar la contratación de su parte de la potencia. Aun en el caso de que fueran argumentos suficientes (que no lo son) para despojar a uno de los socios del fruto de la explotación de un recurso natural compartido, ambas circunstancias han dejado de existir. La deuda ya está cancelada, el propio Verri dijo que el 28 de febrero se paga la última cuota, Itaipú ya está amortizada y Paraguay es perfectamente solvente como para cubrir el costo de producción de su porción de la energía. El hecho de que Brasil vislumbre una negociación larga y “cuidadosa” sugiere que no está dispuesto a aceptar fácilmente este nuevo escenario.
Lo siguiente que declaró Verri fue que el nuevo Anexo C debería tener un plazo de duración de una década, “porque, con la innovación tecnológica, las cosas cambian mucho, y entonces (en diez años) podemos analizar y renovar los acuerdos”. Si este es el verdadero motivo, bien. Pero, leyendo entre líneas, esa idea puede significar algo más, sobre todo si se la relaciona con lo que mencionó Verri en la misma entrevista: que Paraguay no utilizará toda su energía hasta el 2032 o el 2033 (justo diez años) y lo importante para Brasil es seguir comprando ese excedente a un precio fijo, sin depender de las fluctuaciones del mercado.
Paraguay todavía tiene un excedente anual de alrededor de 20 millones megavatios/hora de su 50% que le corresponde en Itaipú. Por imperio del Anexo C, está obligado a “ceder” ese sobrante a Brasil a cambio de una “compensación”, que actualmente es de unos 11 dólares el MWh, ya con el “generoso” aumento que le otorgó Lula a Lugo en 2009, ínfima en comparación con el precio de esa energía en el mercado regional mayorista. Lo que ocurre hoy es que la empresa eléctrica estatal brasileña (antes Eletrobras, ahora ENBPar) adquiere esa energía paraguaya pagando el precio de costo a la entidad binacional (que es la tarifa de Itaipú, hasta el año pasado unos 44 dólares el MWh) más la compensación a Paraguay, en total unos 55 dólares el MWh, y la revende a operadores privados en subastas a 100, 200 y más dólares el MWh, quedándose con rentas que legítimamente le tendrían que pertenecer a Paraguay.
Como Paraguay aún tendrá excedentes por los próximos diez años, es llamativo que Verri mencione precisamente ese plazo para la vigencia del acuerdo. Ello hace pensar que Brasil buscará de nuevo ofrecerle a Paraguay algún aumento de la compensación, como hizo con Lugo, o quizás –como quieren algunos que se relamen con la repartija–, aceptar mantener una tarifa de Itaipú más alta para generar fondos para “gastos sociales”, a cambio de dejar en lo esencial las cosas como están, total en diez años volvemos a conversar.
Verri admitió que la energía de Itaipú es estratégica para Brasil. Si bien representa el 8,5% de su producción total de energía eléctrica, es el 100% del consumo del rico sudeste del país. Paraguay ya ha sufrido 50 años de expoliación, no solo con lo que dejó de obtener, sino con una deuda groseramente inflada, en un alto porcentaje espuria. El pasado no se puede cambiar y es difícil de remediar, pero ya no más migajas. Ni “compensaciones” simbólicas ni tarifas irreales para “fondos sociales” en manos de los políticos. Si Brasil quiere seguir contando con la energía paraguaya, la tiene que pagar al precio que vale, a lo sumo con un buen descuento de socio y amigo. Este es el único acuerdo aceptable.