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Felizmente, la gran mayoría del pueblo paraguayo no es eso. El Paraguay es un país de gente laboriosa y decente que, sin embargo, ha sufrido una involución política de primera magnitud que requiere una urgente y drástica rectificación: la mafia ha secuestrado a nuestras instituciones, lo que ahora es evidente para toda la gente de bien; ya no puede ser ocultado.
La mafia urdió ese secuestro durante largo tiempo, pero si pudiéramos fijar un momento significativo como marcante del proceso, ese podría ser el 20 de abril de 2008, cuando la Asociación Nacional Republicana perdió el poder a manos de la Alianza Patriótica para el Cambio, encabezada por Fernando Lugo y Federico Franco. Tras esta debacle, se imponía arbitrar todos los medios para recuperar cuanto antes el poder.
De inmediato, dirigentes cuestionados de la ANR como Juan Carlos Galaverna y Óscar González Daher (+) decidieron buscar a algún financista poderoso para obtener los recursos que necesitaban para recuperar el Gobierno en la brevedad. Y encontraron, entre otros, a un Horacio Cartes necesitado de las instituciones públicas para la continuidad de sus operaciones económicas, de venta de sus cigarrillos en el mercado brasileño y en otros, que incluía el contrabando según denuncias nacionales e internacionales.
Para 2010, Cartes era el principal financista de la ANR y, ese año, contribuyó al triunfo de los candidatos colorados en las elecciones municipales, tal como lo reconocieron y elogiaron algunos dirigentes partidarios. Entre los electos, cabe recordar al presunto narcotraficante Vilmar “Neneco’' Acosta, asesino de nuestro periodista Pablo Medina.
La actividad mafiosa operaba, y sigue operando, desde Canindeyú y Alto Paraná, que ya habían sido señalados por Estados Unidos, al menos desde 2001, como zonas de riesgo para su propia seguridad nacional, sobre todo tras los atentados del 11 de setiembre de ese año contra las Torres Gemelas de Nueva York, por ser bases de operaciones de lavado de dinero para financiamiento del terrorismo.
En 2004 había empezado a tomar estado público el caso de Kassem Mohamed Hijazi, involucrado presuntamente en una descomunal operación de lavado de dinero para el mismo propósito, cuya investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Carlos Duarte, siendo entonces fiscal adjunto en el Alto Paraná el hoy vicepresidente, Hugo Velázquez, según aclaró este mismo en declaraciones a la prensa. Estos dos últimos nombrados fueron declarados “significativamente corruptos” por el Gobierno de Estados Unidos.
Mientras tanto, el copamiento institucional motorizado por el expresidente se desarrollaba sin frenos ni contrapesos. Logró una mayoría fáctica en ambas cámaras del Congreso, con el auxilio de Blas Llano, dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, y, con ella, inició su avance sobre el Ministerio Público con el citado Javier Díaz Verón, primero, y luego con Sandra Quiñónez.
En 2013, Horacio Cartes se convirtió nada menos que en presidente de la República, posición desde donde transmitió la impresión de que aceleró todos los procesos de copamiento institucional para asegurar la impunidad de sus operaciones.
En mayo de 2017, Emmanuel Ottolenghi, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, en Washington, produjo un informe para el Congreso de EE.UU., que advertía que entre las operaciones para vender en Brasil los cigarrillos y el lavado de dinero para el financiamiento del terrorismo se había constituido un concierto, que involucraba nada menos que a la organización criminal brasileña Primer Comando Capital.
El Ministerio Público paraguayo tiene cajoneadas todas esas informaciones, confirmadas después por sendas investigaciones llevadas a cabo en el marco del Congreso, como la comisión Messer, o por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), permitiendo con ello el fortalecimiento de la mafia y la profundización de su dominio sobre nuestras instituciones.
El extremo siniestro de esta lamentable involución institucional es el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, perpetrado, según confirmó el presidente colombiano, Gustavo Petro, por el narcotraficante Sebastián Marset, con aparentes relacionamientos con el diputado cartista Erico Galeano, uno de los principales cigarrilleros de Cartes: Marset fue beneficiado por la omisión de acción del fiscal Lorenzo Lezcano –exministro del Interior de la administración del expresidente–, según la detallada denuncia realizada por la senadora Desirée Masi.
Es evidente, pues, por sí mismo, que el poder de la mafia tiene su cimiento, su amparo y reparo en el Ministerio Público y que es imperativo, urgente, depurar ahora, ya, sin demoras esa institución.
Si el Ministerio Público no estuviera cooptado por averiados, las calificaciones de significativamente corrupto que evidencian al propio Cartes, a Velázquez, a Díaz Verón, a Óscar González Daher (+), debieron haber salido de esa misma institución y no del Gobierno de EE.UU.
El revelador audio atribuido al seccionalero cartista Juan Pablo Medina diciendo que “si se va Sandra (Quiñónez), chau nuestros candidatos, directo a la cárcel”, sintetiza mejor que muchos documentos la real situación fáctica.
Es así mismo: si se va Sandra, y solo si se va Sandra, en nuestro país se podrá combatir a los corruptos como se hace en una verdadera República, y dejaremos de ser la republiqueta bananera, requerida de tutela externa, en que nos han convertido los delincuentes de guante blanco y sus socios del crimen organizado.