En este contexto, los países importadores de energía como Paraguay se encuentran en una posición relativamente favorable. La caída del petróleo beneficiará a sus economías al aliviar los costos logísticos y de transporte, mientras que los grandes exportadores, como Venezuela, Ecuador y Colombia, resentirán una merma en sus ingresos fiscales. Para el caso paraguayo, los menores precios del crudo podrían reducir la presión inflacionaria, favorecer la actividad económica interna y, al mismo tiempo, abrir un espacio fiscal para financiar proyectos de conectividad vial y logística que fortalezcan la competitividad exportadora y la diversificación productiva.
En línea con este planteamiento, el clasificador presupuestario del Presupuesto General de la Nación (PGN) define al grupo 878 “Aportes o subsidios al transporte público colectivo y otros sectores” como los recursos destinados al sector del transporte público de pasajeros, establecidos por disposición legal y destinados a inversiones para mejorar el servicio de transporte o la infraestructura del parque automotor, vinculados a gastos de capital. También incluye otros sectores productivos o empresariales de bienes y servicios de uso colectivo o de interés general que el Poder Ejecutivo considere prioritarios para la población.
Esta categoría tiene implicancias económicas directas, tanto en el presupuesto público como en la estructura de costos de las familias urbanas, sin mejoras significativas en el servicio prestado al público. El análisis de la evolución de estos aportes muestra una tendencia marcada al alza durante la última década.
De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre 2015 y 2024 los aportes o subsidios al transporte público colectivo y otros sectores sumaron G. 1,333 billones, equivalentes a unos US$ 208,8 millones (tipo de cambio promedio del periodo en análisis). El crecimiento del gasto ha sido notorio: en 2015 se habían ejecutado G. 20.708 millones, cifra que se multiplicó casi por dieciocho en menos de una década, alcanzando G. 372.150 millones en 2023 y G. 367.823 millones en 2024.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El salto más pronunciado se había dado a partir de 2021, año en que el monto ejecutado superó los G. 116.180 millones, tras haberse mantenido por debajo de los G. 70.000 millones durante los seis años anteriores. Desde entonces, el ritmo de crecimiento se aceleró tal como se puede observar en la infografía, consolidando un aumento sostenido incluso en un contexto de recuperación económica pospandemia.
De enero a septiembre 2025, el gasto en esta categoría ascendió a G. 261.535 millones, con lo que ya se destinaron alrededor de G. 1,595 billones, US$ 250 millones desde 2015, reflejando la magnitud de los recursos públicos que se han canalizado a sostener el sistema de transporte colectivo.
La trayectoria evidencia el peso creciente de los subsidios en el gasto público paraguayo. Aunque su justificación inicial fue mitigar el impacto del alza del combustible sobre las tarifas del transporte urbano, en la práctica se han convertido en un componente estructural del presupuesto. En la misma línea, su mantenimiento indefinido puede desplazar recursos que podrían destinarse a inversiones de mayor productividad económica, especialmente en infraestructura vial y transporte sostenible.
A modo de recapitular, el contexto actual, marcado por la caída de los precios internacionales del petróleo, podría ofrecer un margen para replantear gradualmente la política de subsidios. La recomendación del Banco Mundial apunta a una eliminación progresiva, acompañada de medidas compensatorias focalizadas en los sectores más vulnerables y de una reasignación estratégica de fondos hacia proyectos que mejoren la eficiencia y competitividad de la economía.
En el caso paraguayo, reorientar parte de los recursos actualmente destinados a subsidios hacia proyectos de transporte público eléctrico, modernización de flotas, y mejoras en la infraestructura vial urbana e interurbana, permitiría no solo reducir la dependencia de subsidios al combustible, sino también avanzar hacia un sistema más sostenible y eficiente.
Además, destinar parte de estos fondos a programas de educación técnica y capacitación laboral vinculados al sector transporte podría generar empleo formal y mejorar la calidad del servicio, alineándose con los objetivos de productividad y desarrollo sostenible a largo plazo.
En la siguiente entrega se abordará sobre la fuente de financiamiento del subsidio al transporte público.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones