La Cámara de Senadores tiene previsto tratar este miércoles el proyecto de ley de reforma del transporte público en medio de fuertes críticas de gremios de trabajadores, usuarios y de organizaciones ciudadanas. El documento, que analizaron con tratamiento de código en comisiones, solo admite modificaciones que hayan sido presentadas hasta el pasado 27 de agosto.
Desde la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) y la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) advierten que, si bien existen pedidos de cambios, la discusión en el Congreso sigue siendo incierta, que podría derivar en la aprobación de un proyecto que no contempla las preocupaciones de los sectores afectados.
En paralelo al debate parlamentario, la reunión tripartita entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el gremio de choferes y del Viceministerio de Transporte (VMT), que quedó en cuarto intermedio el viernes último, se reanudará mañana lunes, a las 15:00. Esto con la intención de desactivar la huelga anunciada por los trabajadores para el miércoles 3 y jueves 4 de setiembre, en coincidencia al día de tratamiento del plan normativo.
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Postura de los usuarios y choferes
Griselda Yúdice, vocera de Opama, explicó que entre los principales pedidos —presentados por Cetrapam, los trabajadores y los pasajeros— figuran que los empleados despedidos de manera injustificada reciban una compensación a través del fideicomiso que manejará los fondos del sistema. En el caso de los usuarios, indicó que el Comité Asesor que integrarán los pasajeros sea vinculante en las decisiones.
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“Para nosotros es completamente entendible la huelga de los choferes. Son personas que nadie les garantiza sus puestos de trabajo con este nuevo modelo. Muchos rondan los 50 años y difícilmente encuentren otro empleo, además de que necesitan completar sus aportes jubila torios”, señaló.
La dirigente agregó que Opama, junto a choferes y pasajeros, presentó formalmente las modificaciones, con la firma de los senadores Esperanza Martínez y Rafael Filizzola. Estas propuestas serán analizadas este martes en la Comisión de Hacienda, donde se definirá si existe apertura a los cambios.
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Por su parte, Gerardo Giménez, dirigente de Fetrat, volvió a señalar que la huelga anunciada por los choferes se realizará el mismo día del tratamiento del proyecto en el Senado, el 3 de septiembre, en caso de que no se llegue a un acuerdo en la reunión tripartita.
“Nos preocupa que el análisis de las modificaciones se haga a puertas cerradas, porque normalmente terminan aprobando todos los proyectos con mayoría automática”, criticó.
El dirigente sindical subrayó que los trabajadores también presentaron modificaciones dentro del plazo establecido y que aguardan la posición de las comisiones antes del tratamiento en el pleno.
¿En qué consiste el plan de reforma?
El Gobierno presentó al Congreso el 24 de julio último el proyecto de ley de reforma del transporte público, cuya implementación será gradual y demandará unos cuatro años. El plan establece concesiones por 15 a 20 años a través de licitación pública y abarca cuatro componentes: provisión de flota, provisión de infraestructura, operación de unidades funcionales y servicios complementarios.
El Estado asumirá la compra de los buses mediante concesiones a empresas proveedoras y luego los pondrá a disposición de los operadores. La flota no podrá incluir vehículos con más de 15 años de antigüedad, y se buscará priorizar unidades de bajas o cero emisiones. Además, se licitarán contratos para infraestructura (patios, terminales, estaciones) y servicios complementarios como gestión tecnológica, fiscalización, inspección técnica y evaluaciones a conductores.
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La operación se organizará en unidades funcionales (troncales, alimentadoras, ramales y circulares), con el objetivo de reducir las actuales 36 líneas a unas 10 empresas operadoras. También se prevé la integración tarifaria, permitiendo a los usuarios realizar varios viajes con un solo pasaje. Durante la transición, los actuales operadores seguirán prestando el servicio hasta que venzan sus permisos.
El financiamiento estará a cargo de un fideicomiso administrado por la AFD, sostenido con el billetaje electrónico y subsidios estatales. Este fondo centralizará los pagos a los concesionarios y cubrirá los costos que no sean cubiertos por el pasaje. Aún no está claro de dónde saldrán los recursos iniciales para la compra de al menos 1.000 buses, aunque el Ejecutivo sostiene que a largo plazo el sistema se mantendrá con la tarifa técnica (pasaje más subsidio).