Conforme con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares Continua para el segundo trimestre de 2025, el total de ocupados no agropecuarios alcanzó a 2.475.784 personas, lo que implicó un incremento de 111.029 trabajadores respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, de esa cifra, la mayor proporción corresponde a la población ocupada en condiciones de informalidad, que sigue absorbiendo la mayor parte del crecimiento del empleo.
En términos absolutos, los ocupados informales no agropecuarios pasaron de 1.485.207 personas el año pasado a 1.555.063 en 2025, lo que representó un aumento de 69.856 trabajadores, equivalente a más del 60% del incremento total de la población ocupada no agropecuaria en el país. En contraste, la formalidad también creció, aunque en menor medida: los ocupados formales pasaron de 876.606 a 916.545, un aumento de 39.939 personas, reafirmando la persistencia de un mercado laboral que genera más empleos fuera de los marcos institucionales que dentro de ellos.
Concentración urbana de la informalidad
Al analizar los datos por área de residencia, se observa que el sector urbano concentra la mayor parte del empleo no agropecuario y, dentro de él, la informalidad. En ciudades, la ocupación informal llegó a 1.085.852 personas en el segundo trimestre del este periodo, representando un incremento de 45.912 trabajadores frente al año anterior. La cifra explica cerca de dos tercios del aumento del empleo informal total en el país.
Por su parte, los ocupados formales urbanos pasaron de 728.658 a 734.962, con un crecimiento mucho más moderado de 6.304 personas. En otras palabras, el aumento del empleo urbano se debió, principalmente, a la expansión del sector informal, mientras que la formalización avanzó a un ritmo bastante más lento.
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El fenómeno refleja la estructura productiva urbana, caracterizada por un elevado número de micro y pequeñas unidades económicas, muchas de las cuales operan sin inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y sin acceso a sistemas de seguridad social. Así, el dinamismo del empleo en las ciudades no se traduce necesariamente en mejoras en la calidad del trabajo ni en la protección social de los trabajadores.
El sector rural también mostró un crecimiento del empleo no agropecuario. Entre 2024 y 2025, la población ocupada en este segmento pasó de 593.508 a 652.715 trabajadores, con un incremento de 59.207 personas. Dentro de este grupo la informalidad volvió a ser la protagonista: 469.211 trabajadores rurales no agropecuarios se encontraban en la informalidad en 2025, frente a 445.266 en 2024. El aumento fue de 23.945 personas.
Mientras que, los ocupados formales en el ámbito rural crecieron en 33.635 personas, pasando de 147.948 a 181.583. Si bien este incremento es significativo en términos porcentuales, el tamaño de la población informal sigue siendo más del doble que la de los ocupados formales. La brecha pone también de manifiesto las dificultades que enfrenta la población rural para acceder a un empleo regulado, con aportes a la seguridad social y reconocimiento fiscal.
La lectura agregada de los datos plantea un doble desafío: por un lado, muestra la capacidad de absorción del mercado laboral, que continúa incorporando mano de obra; pero, por otro, revela la persistencia de la precariedad en la calidad de los empleos creados. La informalidad implica ausencia de aportes jubilatorios y de seguridad social, inestabilidad en los ingresos y una menor contribución a la recaudación tributaria del Estado.
Para revertir esta tendencia, se requieren de manera urgente políticas públicas más activas en materia de formalización laboral, fortalecimiento de la seguridad social e incentivos para la inscripción de pequeñas unidades económicas. Programas de capacitación laboral, simplificación de trámites y mecanismos de acceso al crédito formal podrían contribuir a reducir el peso del trabajo no registrado.
En este sentido, la sostenibilidad del crecimiento económico del país no puede desligarse de la necesidad de mejorar la calidad del empleo. Un mercado laboral predominantemente informal limita la productividad, reduce la base contributiva del Estado y amplía las brechas de vulnerabilidad social.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.