El proyecto de ley para la reforma del transporte público en el área metropolitana, que ya se está analizando en el Senado para su estudio en setiembre, establece la creación del “Consejo Asesor de Transporte Público”, un órgano multisectorial consultivo que, por primera vez, incluirá formalmente a representantes de los usuarios entre sus miembros. Sin embargo, la disposición que regula su funcionamiento deja en claro que las opiniones de este Consejo no serán vinculantes para las autoridades.
De acuerdo con el artículo 18 del proyecto de ley, el Consejo Asesor estará encargado de “emitir parecer no vinculante sobre los asuntos sometidos a su consideración” y su consulta será obligatoria antes de cualquier decisión sobre tarifas del servicio y sus mecanismos de revisión. El Consejo también podrá ser consultado sobre temas técnicos, estándares de calidad, procesos licitatorios y diseño de rutas.
Además de los usuarios, participarán representantes de trabajadores del sector como choferes, universidades, concesionarios y diversas instituciones públicas.
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Preocupación de Opama
Griselda Yúdice, vocera de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), expresó su preocupación sobre el lugar otorgado a los pasajeros en esta instancia: “Nosotros venimos solicitando voz y participación en las mismas instancias y prerrogativas que todas las partes, o sea mismas prerrogativas que los empresarios”, señala.
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Para la representante, aunque la inclusión en el Consejo representa un avance respecto de versiones anteriores del proyecto —donde la mención al Foro Ciudadano fue considerada ambigua e insuficiente—, la ausencia de un carácter vinculante en las decisiones reduce sustancialmente el poder efectivo de los usuarios. “Consideramos insuficiente, debe establecerse claramente como derecho del pasajero la participación en espacios de decisión”, enfatizó Yúdice.
Ya pueden mejorar el sistema sin esta ley
Opama sostiene además que la exposición de motivos del proyecto reconoce que muchas de las propuestas de mejora podrían implementarse con la normativa actual, sin necesidad de una nueva ley. “¿Por qué no lo hacen?”, pregunta Yúdice. Entre las prioridades urgentes, menciona la renovación de la flota, la creación de carriles exclusivos para buses, paradas establecidas, el acceso al transbordo gratuito y la reingeniería de los itinerarios, señalando que hoy muchos usuarios están aislados por recorridos abandonados.
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En cuanto a la esencia de la reforma, Opama reclama mayor claridad: “La división del servicio en provisión de flota, operador y estaciones, no deja en claro en qué beneficia a los pasajeros ¿cómo mejora el servicio?”, se pregunta Yúdice. También cuestiona la falta de detalles sobre la financiación y el plan operativo de la reforma: “Necesitamos ver el plan operativo y la financiación clara porque la simple aprobación de una ley no se soluciona nada”.
Finalmente, la vocera advierte el riesgo de que esta ley se sume a “la experiencia de leyes aprobadas que terminan en la nada”, como sucedió con el proyecto del tren de cercanías. “La gobernanza no es clara, no avanza en territorio, sigue solamente para Asunción y su área metropolitana”, subrayó.
Si bien el proyecto de reforma marca un paso importante al reconocer el derecho de los pasajeros a ser consultados, Opama insiste en que no basta con otorgar voz sin poder. Exigen “señales claras, plan operativo y financiación, que garanticen que lo van a implementar”.
De esta manera, la discusión pública se centra ahora no solo en la forma que tomará la nueva gobernanza del transporte, sino en si esta reforma logrará ser diferente a intentos previos: escuchando, pero también haciendo caso a las demandas de quienes viajan todos los días.