El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, afirmó que el paro anunciado por el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) tendría como trasfondo el objetivo de “entorpecer” el plan de reforma del sistema de transporte, cuya presentación formal ante el Congreso aún no se ha concretado y permanece solo en borrador.
La medida de fuerza está prevista del lunes 21 al miércoles 23 de julio, por un lapso de 72 horas. Según Fernández, la intención real sería debilitar a la institución a su cargo con acusaciones que calificó como infundadas.
“Yo no tengo la verdad absoluta, pero creo que estamos próximos a una reforma importante. Estas acciones pueden entorpecer el proceso, debilitarlo. Considero que buscan debilitar al Viceministerio de Transporte con acusaciones, y también al propio viceministro”, expresó.
Agregó que “todo esto podría formar parte de una estrategia para frenar un cambio sustancial en la manera en que hoy funciona el sistema de transporte público”.
Transporte público: detalles del proyecto aún no presentado
El borrador del proyecto de ley contempla que los principales troncales sean adjudicados a empresas privadas, mientras que el Estado se encargaría de la adquisición de los buses. Los activos —como la operación de itinerarios, provisión de flotas, infraestructura de estaciones y terminales, y servicios tecnológicos de recaudación— serían administrados por distintas firmas privadas.
El plan prevé una drástica reducción en la cantidad de empresas operadoras: de las 36 actuales se pasaría a solo 10 empresas, distribuidas en cinco unidades funcionales (norte, este, noreste, sureste y sur), con sus correspondientes líneas alimentadoras.
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También está contemplada la creación de un Fideicomiso de Administración del Financiamiento del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, a cargo de la gestión de los fondos destinados al transporte metropolitano, que sería administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
“No olvidemos que esta reforma tiene como esencia la competitividad, un sistema fiduciario transparente, separación de activos... elementos que no forman parte del modelo al que está acostumbrado el sector. Eso también hay que tener en cuenta”, señaló el viceministro.
Reclamos “reflotados” del paro del transporte anterior
Fernández también criticó que los gremios estén reflotando los reclamos de la última amenaza de paro del año pasado, muchas de las cuales ya se estaban atendiendo, como la actualización del 80% de los coeficientes de la tarifa técnica del pasaje, que fija el precio abonado por los usuarios y el subsidio pagado a las empresas por cada boleto. Indicó que los reajustes se aplicaron a varios ítems como kilometraje, combustible, recapado de cubiertas, GPS, entre otros.
En cuanto al pedido de que la tarifa técnica se calcule según los criterios de la Asociación Nacional de Transporte Público de Brasil (ANTP), afirmó que ya se iniciaron trabajos en esa línea, e incluso se está a la firma de un convenio con dicha institución. No obstante, aclaró que no se puede aplicar el 100% de los criterios de la ANTP, como pretenden los empresarios, ya que la realidad del país vecino es muy diferente a la de Paraguay.
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“Creo que están reflotando esos reclamos que, según ellos, se incumplieron, para justificar la medida. A medida que avanzamos hacia la digitalización, los gremios van agregando nuevas exigencias”, añadió.
Subsidio directo al usuario requiere de estudios
Sobre la propuesta de trasladar el subsidio directamente a la tarjeta de los usuarios, Fernández enfatizó que se trata de una cuestión compleja, con implicancias financieras y tecnológicas que requieren estudios técnicos previos.
“Cualquier decisión no puede tomarse simplemente porque el gremio lo pide. Hay que analizar si corresponde desde el punto de vista técnico y financiero. Transferir dinero a las tarjetas tiene muchas implicancias. No se trata de una petición seguida de una acción automática. Eso sigue sobre la mesa, y como dije desde el primer día, mis decisiones estarán basadas en la ley y en estudios técnicos robustos, no en presiones sectoriales”, explicó.