Cargando...
El senador Daniel Rojas (PLRA) encabezó la reunión donde algunos legisladores adelantaron que solicitarán modificaciones al proyecto de ley “que establece disposiciones especiales y de financiamiento para la ejecución e implementación del proyecto tren de cercanías, en el tramo comprendido entre Asunción e Ypacaraí (43 km)”.
La comisión de Hacienda y Presupuesto es la única dependencia que sigue sin dictaminar favorablemente para el tratamiento del plan normativo en el plenario, que pretende facultar a Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) para “subconcesionar” por 35 años el tramo mencionado del ferrocarril a un consorcio coreano, sin ningún proceso licitatorio.
En este sentido, el senador Stephan Rasmussen (PPQ) adelantó que solicitará modificaciones al mencionado plan normativo, pues según indicó se busca una adjudicación directa a un privado o grupo de privados de Corea que los legisladores desconocen quienes son. Además, indicó que no saben ni quienes son los interesados y qué es concretamente lo que quieren hacer.
Lea más: Hasta MOPC y Hacienda tienen varias interrogantes sobre tren de cercanías
Congreso debe volver a aprobar contrato y subconcesión
El senador resaltó que pedirá que el proyecto de ley incluya que el Congreso tenga que volver a aprobar cualquier contrato o subconcesión que se pretenda en esta ley en estudio.
“Me preocupa este proyecto de ley porque no es una APP, pero tampoco es un acuerdo entre públicos (como defiende Fepasa). Acá se está autorizando una subconcesión y se está autorizando un contrato desconocido, que obviamente no existe todavía. Entonces eso preocupa porque no establece que el contrato o la subconcesión pase nuevamente por el Congreso”, expresó.
Señaló que los parlamentarios no pueden “dar un cheque en blanco” a un grupo que “no sabemos quién es, ni para qué, ni en qué términos”, además de que el plan se pretende llevar adelante sin tener el visto bueno del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que también manifestó su postura durante el encuentro.
“Esa ligereza del proyecto de ley me preocupa mucho, yo voy a presentar mis modificaciones a título personal, como miembro de la Comisión de Hacienda, de que cualquier contrato que se firme primero tiene que ser enviado por el presidente de la República, vía MOPC, así como cualquier otro acuerdo de préstamo que pone como garantía estatal soberana, que está en la Constitución”.
Lea más: Abogado señala que todos los ocupantes de la franja del tren son “usurpadores”
El congresista también enfatizó que el Ejecutivo y el Congreso son los que tienen que dar la última palabra para implementar el tren de cercanías. “No podemos adjudicar directamente a alguien que desconocemos quienes son, a un privado con mezcla público (Corea), simplemente porque tienen la voluntad de hacer algo en el país, eso me parece que sería grave y además da una subconcesión por 40 años”, enfatizó.
Justamente, lo que se pretende con el mencionado proyecto de ley es que Fepasa entregue el plan del tren de cercanía sin licitación a la estatal Korea Overseas Infraestructure & Urban Development Corporation (KIND) y sus socias (Hyundai, entre otras). El costo total estimado del plan trepa a US$ 587 millones, que se financiará como deuda del Estado Paraguayo.
Fuertes posturas sobre la franja del ferrocarril
Guillermina Villamayor, frentista, enfatizó que no están en contra del proyecto, pero sí están en desacuerdo que sean desalojados sin que se respeten sus derechos. En este sentido, lamentó que ya estén siendo tratados de “usurpadores”.
Lea más: Todo apunta a que proyecto del tren de cercanías será otro metrobús, según senadores
A su turno, Wilfrido Fernández, también vocero de los frentistas, volvió a insistir en que “no existe la franja de dominio del ferrocarril” y cuestionó la postura del abogado Theodore Stimson, que trata de “delincuentes a los frentistas que atentamos contra la preservación de los espacios públicos”. En este sentido, Stimson había señalado que todos los ocupantes de la franja del antiguo ferrocarril son usurpadores y que deben abandonar ese espacio e inclusive indemnizar al Estado.
Stimson, que también participó de la reunión el el Congreso, volvió a defender su postura y señaló que la afectación de las vías del ferrocarril y su franja de dominio está fundada en actos soberanos del gobierno de Carlos A. López, en el reconocimiento por parte de la comunidad que tales vías están para la utilidad de todos, y en la consagración posterior por medio de actos de concesión a la empresa inglesa, y las disposiciones sobre el dominio público del Estado del Código de Vélez de 1876 y del Código Civil Paraguayo de 1987.