Recientemente, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) del Brasil, organismo de control externo del gobierno federal que opera como auxiliar del Congreso brasileño, determinó que el Ejecutivo del país vecino debe presentar su planeamiento para la revisión del Anexo C de Itaipú. Mientras, en nuestro país, brillan por su ausencia las instituciones de control “espejo” de la TCU para el mismo fin. Una lamentable situación de inferioridad paraguaya al decir de la jefa de Gabinete de la Presidencia de la República, Lea Giménez.
El proyecto de ley del diputado Edwin Reimer que pretendía modificar los artículos 4º y 6º de la Ley Nº 5723/2016, que “declara área silvestre protegida al Parque Nacional Médanos del Chaco”, experimentó días pasados un doble rechazo; uno en la cámara de Senadores y otro en el Ejecutivo. Este rechazo representa una clara evidencia de la eficiencia operativa del eco-fanatismo progresista en Paraguay, que, a través de la instrumentalización de ONG locales, pero con financiamiento foráneo, nos condenan a una completa dependencia extranjera en materia de gas natural e hidrocarburos.
En previos artículos se evidenció que el Tratado de Itaipú Binacional (IB) ofrece al menos un escenario donde es factible legal, financiera y comercialmente que el Paraguay pueda vender su remanente de potencia y energía que le corresponde en la Itaipú en lugar de autorizar su cesión a la otra parte, sin necesidad de que el Tratado ni sus Anexos sean modificados o alterados, siendo el único requerimiento para su implementación una profunda modificación interna de la industria eléctrica paraguaya, mediante la aprobación por parte de nuestro Congreso de un proyecto de ley eléctrica en estudio en la misma. Afortunadamente, la concreción de la propuesta aludida está en manos paraguayas principalmente e implicaría renunciamientos a privilegios y beneficios de algunos compatriotas, grupos y sindicatos, lo cual podría ser un impedimento político mucho mayor al que eventualmente ofrecería nuestro socio condómino en la IB.
Seguidamente detallaré la descripción de un enfoque basado en conceptos de mercado, en oposición a los habituales tratamientos basados en esquemas con fuerte predominio de planificaciones y acciones estatales que muchos adoptan como dogmas sagrados e inmutables en el tiempo. Esta propuesta ofrecería una variante adicional para encarar las próximas negociaciones de los Anexos de la Itaipú Binacional (IB) e invita abrir espacios de debates y análisis exhaustivos de este tema, que es de alto interés Nacional. Como punto clave mencionaré que no será necesaria ninguna modificación del Tratado ni la de sus anexos, pero que sí se precisarán profundos cambios internos en la industria eléctrica paraguaya.
En los últimos días de agosto pasado, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCD) recibió documentación pública oficial de la ANDE relacionada con un pedido de informes sobre algunos detalles de los negocios de comercialización de la energía eléctrica (EE) emprendida por la estatal local con las distribuidoras argentinas y brasileñas, proveniente exclusivamente de la hidroeléctrica de Acaray.
En febrero del 2015, el máximo representante de la ANDE informaba al presidente Horacio Cartes sobre las mejoras en los ingresos y el nivel de las pérdidas eléctricas de la institución, que sumaban anualmente 60 millones de dólares, según el directivo de la entidad.
El longevo monopolio estatal eléctrico, que sigue navegando en aguas extraconstitucionales, aglutina un grupo de unidades de negocio o actividades verticalmente integradas, que están autorizadas a “… comprar y vender, dentro y fuera del territorio nacional, energía eléctrica …” y para tales fines declarados en su ley orgánica, la agencia estatal analiza, diseña y propone al ejecutivo herramientas administrativas y de gestión, siendo una de ellas el pliego tarifario, que desde el 2005 el vigente es la N° 20, cuyo ámbito geográfico de aplicación es “… aplicable al consumo de todas las instalaciones eléctricas servidas por la ANDE en todo el territorio de la República …”. La ciudadanía tiene muchos reparos en el cumplimiento por parte de la agencia estatal de sus diversos e importantes cometidos, pero veamos seguidamente si toda la acostumbrada declamación de patriotismo, defensa de la soberanía, es arte escénico o tiene alguna vinculación con la realidad.
Previo al análisis de los méritos del proyecto de ley de fortalecimiento de la ANDE conviene desmitificar algunas creencias populares que si no las desenmascaramos pasan como verdades absolutas sobre las cuales se elucubran proyectos populistas, que muchas veces son perversos y con posibles efectos negativos para la sociedad.
Este dicho popular de nuestro país agrega jocosidad a las situaciones de precaria documentación personal de algún amigo, o en el caso de algunas instituciones inclusive, dado que la jerga popular describe al cerdo como el único animal que no dispone de documentación para su transacción.