Datos satelitales muestran que la deforestación en la región oriental no ha parado. Los territorios indígenas y áreas protegidas como reservas naturales y parques nacionales son las zonas más afectadas. En diciembre de 2020, el gobierno extendió la ley conocida como de “deforestación cero” por diez años más.
Pese a la suspensión vigente de la licencia ambiental a la firma Yaguareté Porá S.A. los bosques patrimoniales pertenecientes a los indígenas Ayoreo siguen siendo destruidos ininterrumpidamente, denunció el Grupo de Apoyo a los Totobiegosode (Gat).
FILADELFIA. El director jurídico del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Jorge Guillén, señaló que nuestro país debería hacer las gestiones para que las tierras del caso de la empresa Yaguareté Porá vuelvan ser dominio de los ayoreo-totobiegosode.
El abogado Rodolfo Manuel Aseretto ratificó y amplió una denuncia criminal contra personas innominadas por el ilegal usufructo de tierras indígenas en arrendamiento. Pide a la directora de Derechos Étnicos de la Fiscalía General del Estado que declare nulos esos arrendamientos.
El arrendamiento ilegal de las tierras indígenas, un negocio que rinde millones de dólares en el departamento de Canindeyú, hasta ahora no fue enfocado con la debida seriedad que amerita por las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). El titular del ente, al ser consultado al respecto, dijo que “en este momento no es esa la discusión”.
La diputada por Canindeyú, Cristina Villalba, solicitó que el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) investigue el uso ilegal de las tierras indígenas en el departamento de Canindeyú. Dijo que existen “caciques letraditos” que arriendan a brasileños las propiedades asignadas a sus comunidades y solo su entorno se beneficia, mientras el resto de la comunidad vive en la miseria.